En zona rural de Tuluá avanzan las investigaciones por dos hechos que han generado preocupación en materia de orden público: la retención de una misión médica y el hurto de 100 cilindros de gas. Las autoridades departamentales confirmaron que ya se adelantan acciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.
El caso más delicado se registró en el corregimiento de Barragán, donde un médico, un auxiliar y un conductor fueron retenidos por hombres armados que los obligaron a trasladarse hasta una finca del sector. Allí, bajo amenazas, el personal de salud tuvo que atender a un hombre herido, presuntamente vinculado a estructuras ilegales que operan en la zona.
Según información preliminar, la misión médica permaneció retenida durante aproximadamente siete horas. Posteriormente, los profesionales fueron liberados, aunque el hecho fue calificado por autoridades locales como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, al considerar que se atentó contra la neutralidad y la labor humanitaria del personal de salud.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que aún no se han establecido con claridad las motivaciones del hecho, aunque no se descarta que esté relacionado con la atención de integrantes de disidencias de las Farc. La mandataria insistió en la necesidad de respetar la misión médica en medio del conflicto.
De manera paralela, las autoridades confirmaron el hurto de 100 cilindros de gas en zona rural del mismo municipio, los cuales estaban siendo distribuidos a la comunidad. Según la Gobernación, la Fuerza Pública ya tiene información sobre su ubicación y adelanta operativos para recuperarlos.
Estos hechos se producen en medio de un contexto de tensión en la región, donde hacen presencia grupos armados ilegales como el frente Adán Izquierdo y el Frente 57. Además, se han reportado enfrentamientos entre estas estructuras en la cordillera Central, lo que incrementa los riesgos para la población civil.
Frente a este panorama, el Gobierno departamental anunció el fortalecimiento de la presencia militar en la zona, incluyendo la instalación de un batallón en la parte alta de Tuluá. Con estas medidas, las autoridades buscan recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades rurales.
