El manejo del embalse de la hidroeléctrica Urrá quedó en el centro del debate nacional luego de las graves inundaciones que afectaron a cientos de familias en el departamento de Córdoba. Informes técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) advierten que el embalse habría superado de manera reiterada los niveles máximos permitidos, elevando el riesgo de emergencias en la región.

De acuerdo con la ANLA, desde el año 2020 se viene monitoreando de forma constante la operación del embalse Urrá I, identificando un patrón repetitivo de superación de la Curva Guía Máxima (CGM), indicador técnico que define el nivel máximo de almacenamiento permitido para garantizar un margen de seguridad ante crecientes. Los reportes señalan que durante 2024, el 20 % de las mediciones superaron este límite, tendencia que se mantuvo durante 2025 y se agravó en 2026, cuando la empresa se vio obligada a realizar descargas extraordinarias por la alta saturación hídrica.

Según la autoridad ambiental, estas superaciones no respondieron a eventos excepcionales, sino a decisiones operativas adoptadas por la empresa, lo que sugiere un incumplimiento sistemático de las reglas de operación del embalse. Como resultado, la ANLA emitió seis conceptos técnicos dirigidos a Urrá, en los que solicitó ajustes en su manejo y advirtió sobre inconsistencias que debían ser corregidas.

El análisis de datos suministrados por Sinergox – XM, procesados por el Centro de Monitoreo de la ANLA, reforzó estas conclusiones. En el segundo semestre de 2025, la Curva Guía Máxima fue excedida durante el 30,6 % del tiempo evaluado, un comportamiento que, según la entidad, incrementa significativamente el riesgo de emergencias ambientales y sociales en las poblaciones aledañas.

Durante las recientes lluvias, la ANLA explicó que el caudal de entrada al embalse pasó de 500 a más de 2.500 metros cúbicos por segundo en apenas 36 horas, obligando a la apertura de compuertas y al uso del rebosadero. Este incremento también se reflejó en un aumento inusual de la generación de energía, que el 1 de febrero superó en 1.194 % su promedio histórico, comportamiento que la entidad calificó como atípico.

Ante estos hallazgos, la ANLA abrió un procedimiento sancionatorio ambiental contra la hidroeléctrica Urrá. Paralelamente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) inició una visita de inspección a la hidroeléctrica, tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la operación del embalse y pidió la renuncia del gerente de la empresa.

La inspección incluye la revisión de los volúmenes de vertimientos, la operación del embalse, el comportamiento de la generación de energía y los precios de oferta en la bolsa eléctrica, así como la activación de los protocolos del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.

En respuesta a la coyuntura, la ANLA reiteró que continúa el monitoreo de otros embalses del país, seis de los cuales se encuentran actualmente en alerta roja. La entidad insistió en la activación oportuna e integral de los planes de contingencia por parte de todos los operadores, con el fin de prevenir nuevas emergencias y salvaguardar la seguridad de las comunidades.

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