Una jornada de angustia y zozobra se vivió en la tarde de este viernes, 28 de agosto de 2026, en el corregimiento de Puerto Saldaña, adscrito al municipio de Rioblanco, en el sur del departamento del Tolima. La tranquilidad de los habitantes se vio drásticamente interrumpida cuando desde distintos puntos de la localidad se escucharon intensas ráfagas de fusil dirigidas contra la Fuerza Pública, seguidas por la amenaza aérea de un dispositivo no convencional.
El momento de mayor tensión ocurrió cuando la comunidad avistó un aparato aéreo no tripulado que comenzó a sobrevolar la zona urbana. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la V División del Ejército Nacional, la maniobra correspondió a un intento de atentado criminal mediante un dron cargado con explosivos, el cual pretendía ser empleado para atentar de manera directa contra la población civil y las tropas pertenecientes a la Sexta Brigada.
Reacción de la V División del Ejército evita una tragedia en el casco urbano
Ante la presencia del aparato en el espacio aéreo del corregimiento, las unidades militares desplegadas en la zona reaccionaron de forma inmediata. Según detallaron voceros de la V División del Ejército, la rápida intercepción de las tropas fue determinante para evitar un desastre de proporciones mayores en el casco urbano de Puerto Saldaña.
Mediante el uso de fuego controlado, los soldados lograron impactar el dispositivo en pleno vuelo, lo que provocó la detonación anticipada de su carga explosiva en el aire antes de que alcanzara a la población civil o el casco urbano. Un portavoz de la fuente militar enfatizó que «estos hechos evidencian el grave riesgo al que grupos terroristas están exponiendo deliberadamente a comunidades inocentes mediante el uso de drones cargados con explosivos».
El hostigamiento con armas de largo alcance y el despliegue de esta clase de aparatos reafirman la compleja situación de orden público que enfrentan diversas zonas rurales del país, donde las estructuras al margen de la ley han incorporado herramientas tecnológicas para diversificar sus ofensivas.
Radiografía de la Defensoría del Pueblo: el alarmante incremento del uso de drones y la violencia armada
El ataque registrado en el sur del Tolima no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en una preocupante tendencia de transformación del conflicto armado. Precisamente, el pasado lunes 24 de agosto, la Defensoría del Pueblo presentó un informe titulado «Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir», en el cual consolidó indicadores sobre violencia armada, paz, desigualdad, ruralidad, ambiente y libertades democráticas.
En dicho documento, el órgano de control advirtió que la criminalidad organizada y el conflicto persisten bajo dinámicas de continua transformación y fragmentación. Como muestra de esta realidad, la entidad señaló que actualmente existen 120 alertas tempranas territoriales vigentes, las cuales abarcan un total de 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos de la Nación.
Uno de los datos más críticos revelados por la Defensoría del Pueblo concierne a la modalidad empleada en Puerto Saldaña. Entre enero y mayo de 2026, se registraron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados (drones) en el territorio nacional. Esta modalidad criminal ha dejado un saldo de 21 personas fallecidas y 145 heridas. Entre los antecedentes de mayor gravedad resalta el caso del municipio de Segovia, donde una misma familia de tres personas perdió la vida a causa de un atentado con dron.
Afectaciones sistémicas: masacres y desplazamiento forzado en el territorio nacional
A la par con la incorporación de estas tecnologías por parte de los grupos armados, las estadísticas recopiladas por la Defensoría del Pueblo muestran que las afectaciones tradicionales a la población civil continúan en niveles alarmantes. En lo relativo a homicidios colectivos, el informe reveló que entre el año 2019 y el 18 de julio de 2026 se registraron 651 masacres, las cuales dejaron un trágico saldo de 2.380 víctimas.
Por su parte, el desplazamiento forzado se mantiene como uno de los flagelos más severos e impactantes contra la ciudadanía. La entidad precisó que entre 2017 y lo corrido del año 2026 se contabilizaron 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo, los cuales afectaron a un total de 394.839 personas. Asimismo, se puntualizó el impacto desproporcionado sobre las comunidades étnicas, indicando que, en promedio, el 35,73 % de las víctimas de estos desplazamientos masivos pertenecía a pueblos étnicos.
El reciente hostigamiento en Puerto Saldaña, sumado al panorama expuesto en el informe de la Defensoría del Pueblo, evidencia los complejos retos de seguridad que afronta el país ante la rápida evolución de las tácticas bélicas de los grupos al margen de la ley.
