Las alarmas se encendieron entre las agencias de seguridad colombianas tras conocerse que al menos 50 colombianos estarían listos para viajar a Ucrania y unirse activamente al frente de combate en el marco de la prolongada guerra contra Rusia. Según reveló W Radio, ya se estarían adelantando trámites de documentación, pasajes y contactos logísticos para concretar esta migración con fines militares.
Fuentes de inteligencia consultadas por el medio indicaron que se ha detectado una articulación organizada para facilitar el envío de estos ciudadanos hacia el conflicto. La mayoría serían exintegrantes de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, quienes, por su entrenamiento, resultarían atractivos para los batallones internacionales ucranianos.
El fenómeno se suma a una creciente tendencia global: la participación de combatientes extranjeros en escenarios de guerra lejanos, motivados por factores económicos, ideológicos o de convicción personal. Sin embargo, en Colombia preocupa el impacto legal, político y de seguridad que podría acarrear esta salida masiva hacia un conflicto de alta tensión geopolítica.
El perfil de los reclutas: experiencia militar y motivación económica
El grupo de posibles voluntarios colombianos estaría compuesto mayoritariamente por hombres entre los 25 y 45 años, con experiencia en combate adquirida en contextos como la lucha contrainsurgente, operaciones de selva y entrenamientos internacionales. Este historial les habría valido el interés de redes de reclutamiento asociadas con el ejército ucraniano.
Si bien algunos han manifestado motivaciones de carácter ideológico, la principal razón para viajar a Ucrania sería económica. Versiones extraoficiales aseguran que se estarían ofreciendo pagos mensuales superiores a los 3.000 dólares, además de beneficios logísticos y promesas de residencia en caso de sobrevivir al conflicto.
El fenómeno, aunque no nuevo, genera controversia, especialmente por la ausencia de regulaciones claras que impidan o controlen este tipo de participación en guerras extranjeras. Aunque en el pasado se han documentado casos de colombianos en Medio Oriente o África, la escala actual y la visibilidad del conflicto en Europa del Este han hecho sonar las alarmas con mayor fuerza.
¿Qué dicen las autoridades y qué implicaciones legales tiene?
El gobierno colombiano, a través de sus agencias de inteligencia y seguridad, ha comenzado a monitorear de cerca los movimientos migratorios de ciudadanos con perfiles militares que podrían estar involucrados. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial que prohíba esta participación directa en el conflicto.
Jurídicamente, Colombia no prohíbe de manera explícita que sus ciudadanos se integren a ejércitos extranjeros, siempre y cuando no se comprometa la seguridad nacional ni se incurra en actividades mercenarias, las cuales sí están tipificadas como delito. La línea entre voluntariado armado y mercenarismo, no obstante, es difusa, especialmente en un escenario tan complejo como el ucraniano.
Además, algunos expertos en derecho internacional han señalado que, de probarse una vinculación directa con organizaciones no estatales o de dudosa legalidad, los combatientes podrían enfrentar cargos tanto en Colombia como en tribunales internacionales. El tema, por tanto, abre una zona gris legal que el país deberá abordar si el flujo de voluntarios continúa en aumento.
¿Está Colombia preparada para gestionar el regreso de estos combatientes?
Aunque el foco actual está en la partida de los voluntarios, ya se anticipa otro desafío: el eventual retorno de estos ciudadanos al país. El impacto psicológico del combate, la exposición a armas pesadas y la experiencia en escenarios de violencia extrema podrían generar dificultades de reintegración y potenciales riesgos de seguridad.
Esto ha llevado a algunos sectores a plantear la necesidad de un protocolo nacional para el seguimiento y atención a los colombianos en Ucrania que decidan regresar, especialmente si lo hacen con traumas de guerra o con entrenamiento en tácticas militares no convencionales. También se advierte sobre la posibilidad de que sean captados por estructuras criminales locales que busquen aprovechar sus habilidades.
En ese contexto, los retos no son solo geopolíticos o jurídicos, sino profundamente humanos. La guerra, aunque ocurra al otro lado del mundo, tendrá consecuencias directas en el tejido social colombiano si estos ciudadanos no reciben una atención adecuada al regresar.
