La instrucción del Ejecutivo establece una escala de prioridades muy clara para las fuerzas del orden y la autoridad migratoria. En una primera fase, la persecución e identificación administrativa estará dirigida de manera estricta hacia aquellos extranjeros que hayan incurrido en actividades ilícitas o delitos de cualquier índole dentro de la jurisdicción nacional. Posteriormente, las labores de control se extenderán a la localización de personas cuyo ingreso o permanencia en el país se haya dado al margen de la ley.
El Presidente de la República detalló de manera explícita el alcance de las medidas administrativas y la coordinación operativa que sostendrán los organismos de control: “La orden a migración es clara y ahorita lo llamamos al general, que empiecen los operativos coordinados con la policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales. Primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación y en el término de la distancia tendrán que ser deportados”.
Esta estrategia busca dar respuestas rápidas ante el incremento de la percepción de inseguridad en la capital del Atlántico y otras regiones clave del país. El gobernante enfatizó que la responsabilidad política de la medida recae enteramente sobre la figura presidencial, señalando que la decisión se ejecutará sin dilatación alguna: “Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana. No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan, que estén cometiendo ofensas en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y yo la asumo, y es una decisión administrativa, yo la asumo”.
A su vez, Abelardo de la Espriella recordó que este estricto enfoque no representa un hecho imprevisto, sino el cumplimiento formal de las promesas de gobierno que impulsó durante su campaña electoral: “Esta es una posición que he tenido en campaña y que voy a implementar desde la Presidencia de la República. No solamente los extranjeros que están cometiendo ilegalidades, crímenes, sino también los que han violado la norma, y aquí no voy a aceptar migración ilegal”.
El impacto sobre el marco de regularización y la crisis migratoria
Las directrices anunciadas se introducen en un escenario de alta complejidad demográfica y social. Colombia ha sido durante los últimos años el principal destino de recepción del éxodo venezolano en la región. De acuerdo con las estimaciones oficiales de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para el año 2025 la cifra de migrantes venezolanos residentes en el territorio colombiano podría alcanzar la cuota de los 3 millones de personas, una dinámica que ha ejercido una notable presión sobre el gasto social, los servicios públicos y el mercado laboral nacional.
En este panorama, el principal mecanismo de formalización en vigor ha sido el Permiso por Protección Temporal (PPT), instaurado en 2021 mediante el Decreto 216 bajo la cobertura del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Este instrumento administrativo, expedido de forma gratuita por la entidad Migración Colombia, fue concebido como una respuesta humanitaria para otorgar estatus legal y facilitar la identificación y el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo formal a quienes huyen de la crisis económica y política de Venezuela.
No obstante, el nuevo mandato presidencial introduce un marcado punto de inflexión. Si bien el PPT exigía el cumplimiento estricto de requisitos reglamentarios para garantizar la permanencia pacífica en el país, el reciente endurecimiento de las políticas estatales prioriza el control coercitivo y la deportación expedita por encima de los programas de integración paulatina.
La postura del Gobierno de priorizar de forma explícita a la población local frente a la provisión de garantías y oportunidades ha reavivado un intenso debate político y social en la nación. Por un lado, diversos sectores ciudadanos y políticos respaldan la adopción de medidas drásticas para salvaguardar la seguridad urbana y combatir la criminalidad. Por otro lado, organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones internacionales abogan por mantener la continuidad de los esquemas de protección temporal y garantizar el debido proceso administrativo para evitar arbitrariedades o estigmatizaciones en contra de la comunidad migrante.
