Santa Rosa de Cabal no levanta cabeza con sus exalcaldes.
Algunos han sido capturados: Henry Arias Mejía, Alejandro Martínez Tabares y Carlos Eduardo Toro Ávila. A esto se suman los procesos que involucran a Rodrigo Toro y Paulo Gómez. ¿Todos iguales?
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Y ahora la Fiscalía le aperturó la noticia criminal NUNC 660016000058202612226, por presunto prevaricato por acción, asignada a la Fiscalía 28 de Delitos contra la Administración Pública.
Jeeps
Denuncié un contrato firmado durante la Alcaldía de Rodrigo Toro, pactado para cinco meses, que va para tres años sin liquidarse.
La Fiscalía indaga por la posible comisión de delitos contra la administración pública: ¿contrato sin cumplimiento de requisitos legales?, ¿peculado por apropiación?, ¿prevaricato por omisión?, ¿falsedad ideológica en documento público?, ¿posible pérdida de recursos públicos y detrimento patrimonial?
Catastro
Esta denuncia señala que: “El señor alcalde de Santa Rosa de Cabal, José Rodrigo Toro Montes, de manera extraña y sospechosa, habría contratado directamente, a través de su secretario de Salud, señor Paulo César Gómez Hoyos, como alcalde encargado, la suma de $4.300 millones, equivalente aproximadamente a un 430 % por encima del valor estimado del trabajo”.
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Abuelos
Según la denuncia, Santa Rosa recibió en 2021 el mayor monto de recursos para adulto mayor, pero se cuestiona su ejecución. La pregunta es: ¿dónde está el saldo restante que presuntamente no ejecutó la administración? Cifra que, según el documento, asciende a $2.230 millones.
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Y la denuncia en Fiscalía de Hernán Tena del Periódico La Nube, el lote de $1.500 millones para damnificados de La Trinidad
En 2021, un predio rural de 19 hectáreas, conocido como La Natalia, fue avaluado en $568 millones. De allí salió el Lote C, de 7,7 hectáreas, al que se le calculó un valor de $229 millones.
En 2023, la Alcaldía de Rodrigo Toro pagó $1.500 millones por un lote de 6.900 metros cuadrados. Es decir, pagaron más de seis veces el valor proporcional por menos de la décima parte de la tierra.
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Y mientras las denuncias avanzan, mientras Fiscalía, Procuraduría y Contraloría encuentran mérito para revisar actuaciones que comprometen miles de millones de pesos, algunos pretenden que el problema no sea lo que ocurrió con los recursos públicos, sino quién se atrevió a contarlo.
Esa vieja estrategia de posar como víctimas, pedir rectificaciones, agitar contratistas y simpatizantes en redes, atacar familia y esconder el debate de fondo, solo confirma el nerviosismo de quienes se autoproclamaron como adalides de la transparencia y del “cambio real”, pero terminaron pareciéndose demasiado a la política de siempre: la del silencio, la presión, el amiguismo y la defensa cerrada del poder.
En Santa Rosa de Cabal la pregunta ya no es si incomodan nuestras publicaciones; la pregunta es por qué tantos hechos, contratos y decisiones terminan bajo sospecha cuando se revisa la administración de Rodrigo Toro y su continuidad política en el gobierno de Paulo César Gómez.
