¿Recuerdan cómo les conté que Gallo, siendo alcalde de Pereira, compró en 2017 un lote para la Estación de Policía ubicado en la carrera 9ª con calle 10 por $2.200 millones, cuando en 2016 lo habían vendido por $650 millones?
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¿Recuerdan que les conté que la Fiscalía, en 2019, sorprendentemente solicitó la preclusión del proceso contra Gallo y pedía desechar todos los delitos, pero la Procuradora Judicial se opuso y los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira le dieron la razón?
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Hoy les cuento lo que Pereira no conoce: la Fiscalía desestimó los delitos porque la Contraloría Municipal archivó el caso, la misma Contraloría que hemos denunciado por engavetar procesos o no aperturar sobre denuncias contra Maya, como hace Perches Giraldo.
La Contraloría salió regañada y debiéndole a Gallo. Cuando la Contraloría le notificó lo encontrado en ese turbio negocio, Gallo en su escrito de contradicción manifestó:
«Respetuosamente consideramos irresponsable, carente del más mínimo rigor jurídico, profesionalismo y objetividad, la afirmación final del ‘Criterio’, cuando señala que podría incurrirse en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y prevaricato por acción y omisión».
El colmo del cinismo: hicieron fiestas con $2.200 millones, con el avalúo, pagaron $400 millones por parte de un parqueadero que eran latas y guaduas, y en total un sobrecosto del 238.5%.
Un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación. Lo dijeron en su sentencia los magistrados: «…se presume que hubo un contubernio entre funcionarios de la Alcaldía con personas naturales —los aquí vendedores y el personal de la empresa DALFRE CONSULTORES LTDA— con miras a defraudar el erario público».
¿Cuánto dinero realmente se pagó, a quién y en qué momento? ¿A qué cuentas se giraron? ¿A dónde fue a parar ese capital? ¿Y si fue declarado?
Esperemos qué pasa en la Corte Suprema, porque no creo que allí Gallo los regañe y le salgan debiendo como aquí la Contraloría.
