La reciente supervisión de la «Operación Noah» —una ofensiva militar dirigida contra las disidencias de las Farc en el departamento de Norte de Santander— ha desencadenado un intenso debate institucional y político en el país. El epicentro de la controversia gira en torno a la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de vestir prendas de carácter militar durante el desarrollo de dicha operación táctica. Este hecho ha provocado profundas divisiones entre los sectores gubernamentales, sus aliados políticos y la oposición, abriendo una discusión sobre los límites simbólicos y constitucionales del uso de insignias de las Fuerzas Armadas por parte del jefe de Estado.
La justificación presidencial y el respaldo de sectores aliados
Desde el municipio de Roldanillo, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, el presidente Abelardo de la Espriella salió al paso de los cuestionamientos públicos para defender con firmeza su decisión de portar la indumentaria militar. El mandatario argumentó de manera categórica que se considera a sí mismo un «soldado de la patria», enfatizando que utiliza el uniforme con el propósito fundamental de servir a Colombia y rendir un homenaje permanente a los héroes que integran las Fuerzas Militares y de Policía.
Durante su recorrido y supervisión en el terreno de la operación, el jefe de Estado protagonizó otro de los momentos que captó la atención pública al firmar personalmente una bomba. En ese acto, de alta carga simbólica, calificó el artefacto explosivo como «460 kilogramos de democracia», una expresión que buscaba resaltar el objetivo estatal de la ofensiva contra los grupos armados ilegales en la región norteandina.
Frente a las críticas generalizadas que empezaron a surgir en el ámbito político nacional, la administración central y sus fuerzas aliadas en el Congreso no tardaron en manifestar su respaldo. Una de las voces más firmes en defensa del mandatario fue la de Clara Luz Roldán, copresidenta del Partido de la U, quien respaldó abiertamente la postura y las acciones del presidente al declarar con vehemencia que «el miedo no se negocia». Para este sector político, la presencia del mandatario en la zona de operaciones y su identificación visual con las tropas representan una muestra de autoridad y firmeza frente a las estructuras criminales que operan en las zonas periféricas del país.
El rechazo de la oposición y las objeciones constitucionales
Sin embargo, el uso de las prendas privativas de la fuerza pública por parte de la máxima autoridad ejecutiva no fue bien recibido por todo el espectro político. Diversos congresistas y figuras clave de la política nacional expresaron su rechazo categórico, advirtiendo sobre los riesgos de politizar los símbolos castrenses y convertir las acciones bélicas en escenarios de propaganda personal.
Por un lado, el congresista Daniel Monroy, perteneciente al movimiento Pacto Histórico, cuestionó con dureza el episodio. Monroy señaló que resulta preocupante y reprochable que se intente convertir un conflicto armado y las operaciones de seguridad nacional en un espectáculo mediático, restándole la solemnidad y la seriedad institucional que estas situaciones exigen.
En una línea similar se pronunció el representante a la Cámara Gabriel Becerra, quien enfatizó que el uniforme de la fuerza pública es un símbolo institucional que «se honra, no se usa como disfraz para hacer política». Para Becerra y otros críticos, la utilización de la indumentaria militar por parte de un mandatario civil cruza una línea peligrosa que desdibuja el carácter neutral y no deliberante que, por mandato constitucional, deben mantener las instituciones armadas en una democracia.
La crítica más profunda desde el punto de vista institucional provino del exvicepresidente Humberto de la Calle. El experimentado jurista y político sostuvo que la conducta del presidente al portar insignias y atuendos militares infringe abiertamente la Constitución Política y tergiversa de manera peligrosa el orden democrático establecido. Según los argumentos expuestos por De la Calle, estas actuaciones erosionan la separación de roles entre la rama civil del poder y la fuerza armada, generando un precedente negativo para la institucionalidad del país.
La respuesta oficial del Gobierno y el debate jurídico
Ante la gravedad de los señalamientos constitucionales formulados por figuras de la talla del exvicepresidente Humberto de la Calle, el gabinete presidencial y el sector defensa salieron a refutar los argumentos jurídicos y políticos expuestos por la orilla opositora.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, asumió la vocería para responder de manera directa a las objeciones planteadas. El alto funcionario desestimó por completo las advertencias sobre una presunta ruptura del orden constitucional, calificando los cuestionamientos de De la Calle como una «sobreextensión argumentativa con débil piso jurídico y un evidente sesgo político». Desde la perspectiva del Ministerio de Defensa, la presencia del comandante supremo de las Fuerzas Armadas en las zonas de operaciones y su sintonía con las tropas mediante el uso de prendas distintivas se encuentra amparada dentro de sus funciones constitucionales como director de la Fuerza Pública, descartando cualquier anomalía legal o institucional.
Este choque de posturas deja en evidencia la profunda polarización que vive el país en torno al estilo de liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella. Mientras que desde el Gobierno y sus aliados se defiende la legitimidad de un mandato fuerte, visible y comprometido de primera mano con la seguridad nacional, los sectores críticos y opositores advierten sobre los peligros de diluir las fronteras entre el poder civil, los símbolos militares y la contienda política partidista en medio del conflicto interno.
