¡Asi es, alcalde y secretario sancionados por desacato en multas prescritas! Un alivio reportado para 20.935 infractores llegó por una demanda de JM Abogados & Asesores y después de sanciones contra el secretario de Tránsito y el alcalde Padilla. Ahora deben explicar qué pasó con el cobro, cómo figuraba esa cartera en las cuentas municipales y quién responderá por el eventual daño patrimonial.
Los 20.935 infractores reportados como beneficiarios de la prescripción de multas en Armenia no recibieron ese alivio gracias a una demostración espontánea de «eficiencia de la Alcaldía»
La Resolución 008907 del 30 de octubre de 2026 llegó después de una demanda de JM Abogados & Asesores S.A.S.; de una sentencia que el municipio no impugnó; de plazos vencidos sin cumplimiento integral acreditado; y de sanciones por desacato contra el secretario de Tránsito y el alcalde James Padilla García.
El impulso fue de los abogados. La orden fue de un juez. La administración terminó actuando después de los desacatos.
La información divulgada sobre la resolución reporta $11.456.835.475 en obligaciones cuya acción de cobro fue declarada prescrita, correspondientes a comparendos de 1999 a 2013.
Para los ciudadanos comprometidos, es un alivio legal que debía reconocerse. Para la ciudad, es una cuenta pendiente de explicación: ¿cómo se administraron esas obligaciones, qué oportunidades de recaudo se dejaron vencer y quién responde si la negligencia produjo un daño al patrimonio público?
El derecho del ciudadano a la prescripción no puede utilizarse para tapar el deber de investigar la gestión de quienes debían cobrar, controlar, depurar y rendir cuentas.
Lo demandado era un deber legal, no un favor de la Alcaldía
La firma exigió el cumplimiento del artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, que establece que las sanciones prescriben en tres años desde la ocurrencia del hecho, que el término se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago y que la prescripción debe declararse de oficio cuando se configuren sus presupuestos.
La autoridad debía revisar los expedientes y actuar sin obligar a cada ciudadano a peregrinar por las oficinas para conseguir el reconocimiento de un derecho.
El requerimiento previo fue fechado el 15 de enero de 2026 y remitido electrónicamente el 16 de enero.
Ante la falta del pronunciamiento reclamado, se promovió una acción de cumplimiento ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, radicado 19001-33-33-003-2026-00054-00.
La demanda pidió declarar el incumplimiento, expedir los actos de prescripción procedentes, depurar los registros —incluido SIMIT— y adoptar medidas para que ese cumplimiento fuera permanente.
El 5 de marzo, el juzgado admitió la acción.
La Alcaldía fue notificada y no contestó.
No presentó oportunamente una defensa. Dejó pasar la oportunidad procesal.
Una sentencia que tampoco impugnaron.
El 16 de abril de 2026, mediante la Sentencia 067, el juzgado declaró que el Municipio de Armenia, a través de Tránsito, había incumplido el artículo 159.
Ordenó consolidar la información en un mes desde la ejecutoria y expedir los actos administrativos correspondientes durante los dos meses siguientes.
La Alcaldía tampoco impugnó el fallo.
La sentencia quedó en firme el 27 de abril. El plazo total venció el 29 de julio de 2026.
No faltaba una orden. No faltaba conocimiento del proceso. Había una sentencia ejecutoriada y un plazo concreto.
El 21 de septiembre, la firma demandante pidió activar el procedimiento para ejecutar el fallo.
El 22 de septiembre, el juzgado requirió al secretario Daniel Jaime Castaño Calderón y al alcalde James Padilla García para informar en dos días qué habían hecho.
Las decisiones posteriores registran que no respondieron dentro del término concedido.
El 28 de septiembre, se abrió incidente de desacato contra el secretario. Al alcalde se le formuló un requerimiento especial de cinco días para hacer cumplir la sentencia, adoptar medidas y promover el procedimiento disciplinario correspondiente.
Tampoco se acreditaron oportunamente las actuaciones exigidas.
¿Quién vigilaba los términos? ¿Quién seguía las órdenes? ¿Quién dirigía la respuesta institucional?
La cronología muestra una cadena de omisiones que compromete la gerencia de la administración.
Padilla intentó apartarse de la responsabilidad técnica. El juzgado no aceptó la explicación
El 9 de octubre, el secretario fue declarado en desacato y sancionado con tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Abierto el trámite contra el alcalde, su apoderado sostuvo que las funciones técnicas correspondían a la Secretaría de Tránsito.
En términos políticos, la defensa sonó a un intento de lavarse las manos: trasladar el peso del problema a la dependencia especializada.
El juzgado no aceptó esa explicación como justificación. Al alcalde no se le exigía reemplazar al secretario. Se le exigía gobernar: impartir instrucciones, hacer seguimiento y adoptar medidas para cumplir una sentencia.
El 20 de octubre, Padilla fue declarado en desacato y sancionado con otros tres salarios mínimos mensuales. También fue rechazada la nulidad solicitada por el secretario sobre la conformación inicial del proceso.
El 28 de octubre, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la sanción contra el alcalde.
Dos días después se expidió la resolución reportada.
Ni la explicación sobre el reparto de funciones evitó la sanción, ni la sanción reemplaza el deber de cumplir.
El Tribunal dejó escrito que Padilla no dio instrucciones, no hizo seguimiento y no abrió el proceso disciplinario contra el secretario, aunque el juez se lo ordenó.
Los $11.456 millones obligan a abrir las cuentas.
¿Durante cuánto tiempo ofrecieron una imagen financiera que no correspondía a la realidad?
¿Cómo se vigiló que obligaciones legalmente incobrables no siguieran presentándose como derechos recuperables?
El examen debe abarcar a los funcionarios y exfuncionarios responsables en cada etapa. Incluidas las administraciones de José Manuel Ríos y Óscar Castellanos.
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría deben conocer el expediente para que examinen la eventual relevancia penal, disciplinaria y si existió daño patrimonial y promueva su resarcimiento.
Quienes necesiten información sobre el alcance de la actuación y la revisión de sus obligaciones pueden comunicarse con Harlem Vidal, persona autorizada por JM Abogados & Asesores S.A.S., al WhatsApp 3169350273.
La firma impulsó la actuación. La justicia declaró el incumplimiento. Los funcionarios fueron sancionados. Los ciudadanos deben recibir el beneficio.
Lo que Armenia sigue esperando es una administración que responda antes de que la obliguen, una hacienda que muestre cifras verificables y un control fiscal que explique quién responde cuando se deja perder el cobro.
Porque cuando una Alcaldía no contesta, no impugna y tampoco acredita oportunamente el cumplimiento de una sentencia, la pregunta deja de ser retórica:
¿Quién está defendiendo a Armenia?
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