Resulta insólito que, tras tres décadas de concesión en Autopistas del Café, aún no exista una cifra oficial y estandarizada sobre la extensión real del proyecto. Las discrepancias entre entidades son abismales: mientras el Ministerio de Transporte afirma que son 188 kilómetros, el concesionario Autopistas del Café señala 256 km, la base de datos del INVIAS registra 167 km y el proyecto IP Conexión Centro proyecta 334 km. ¿Cómo es posible que en un proyecto de tal magnitud no haya claridad ni siquiera en su longitud?
Esta falta de rigor se traslada también a los estados financieros. Para el año 2025, el reporte de recaudo por peajes indica un total de $316.000 millones de pesos, mientras que el informe contable registra $276.000 millones. En medio de estas diferencias, sobresale además una partida a cargo de la gerencia por $1.000 millones bajo el concepto de “contratos de corto plazo”, sobre la cual cabría indagar a profundidad para conocer su destino y justificación exacta.
Resulta inaceptable que un modelo concebido para ser financiado directamente por los ciudadanos a través de los peajes adolezca de semejante opacidad en sus cifras básicas.
Esta situación se complica aún más cuando el Gobierno mantiene como interlocutores exclusivos a la dirigencia regional vinculada a los aliados de Argos-Odinsa, una dirigencia que históricamente no ha cuestionado ni fiscalizado estos datos financieros básicos. Si el Estado no abre el debate a nuevos actores, será imposible explorar alternativas —públicas o privadas— que resulten verdaderamente más favorables para el desarrollo del Eje Cafetero y para los intereses de la nación.
