La investigación por las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro sumó un nuevo elemento: una conversación que habría sostenido el entonces mandatario con Angie Rodríguez, quien para diciembre de 2025 se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Según reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en el intercambio Petro habría enviado la hoja de vida de Jiménez y solicitado que la mantuvieran en un contrato del Ministerio del Interior.
El mensaje, que habría sido enviado desde el teléfono del entonces presidente, contiene una instrucción textual: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de Mininterior”. Rodríguez respondió: “Perfecto señor presidente”. La comunicación se convierte en una de las piezas centrales que deberán examinar las autoridades para establecer si existió una intervención presidencial en la continuidad de una vinculación contractual y si esta tuvo alguna relación con los supuestos favores personales y sexuales denunciados por Jiménez.
El caso ha generado nuevas preguntas sobre el manejo de los contratos estatales, después de que la denunciante asegurara que recibió vinculaciones con entidades públicas a cambio de encuentros íntimos con Petro. El exmandatario ha rechazado esas afirmaciones y sostiene que nunca utilizó recursos o contratos del Estado para obtener favores de ninguna persona.
El chat entre Petro y Angie Rodríguez y la continuidad del contrato
De acuerdo con la información divulgada por Noticias Caracol, la conversación se produjo en diciembre de 2025. A las 10:30 de la mañana, Angie Rodríguez escribió al entonces presidente para informarle que recibiría la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Gran Cruz, por parte de la Cámara de Representantes. También le comunicó que había sido admitida oficialmente a un doctorado en Estudios Políticos de la Universidad Externado.
Petro no respondió inmediatamente. Según el registro conocido por el medio, fue hasta la 1:06 de la tarde cuando envió un archivo PDF identificado con el nombre de Deicy Jiménez, acompañado del mensaje en el que solicitaba mantenerla en el contrato del Ministerio del Interior. La respuesta de Rodríguez fue afirmativa.
Por el contexto de la conversación, la comunicación habría ocurrido días antes de la ceremonia de condecoración de Rodríguez, realizada el 17 de diciembre de 2025. La fecha resulta relevante porque para entonces Jiménez tenía vigente un contrato de prestación de servicios con el Ministerio del Interior por 11 millones de pesos, firmado en agosto de ese año y con vencimiento previsto para el 31 de diciembre.
Posteriormente, el 23 de enero de 2026, Jiménez habría suscrito un nuevo contrato con esa misma cartera por 30 millones de pesos. Esta secuencia temporal deberá ser contrastada por los investigadores para determinar si la solicitud del entonces presidente tuvo alguna incidencia en la nueva contratación y si se cumplieron los procedimientos administrativos correspondientes.
Aunque el chat mostraría una solicitud directa de Petro para que Jiménez continuara vinculada, su contenido no demuestra por sí solo que el contrato se hubiera otorgado como contraprestación por favores sexuales. Esa relación forma parte de las denuncias y todavía debe ser establecida mediante pruebas.
La controversia también involucra otros vínculos laborales. Congresistas aseguraron que identificaron diez contratos a nombre de Jiménez por aproximadamente 133 millones de pesos, suscritos con diferentes entidades públicas. Entre las instituciones mencionadas figuran el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
La senadora Sara Castellanos, junto con otros congresistas, anunció una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se determine si Petro habría intervenido o ejercido presiones para favorecer las contrataciones de Jiménez.
El video, las denuncias y las respuestas del expresidente
Antes de que se conociera la conversación con Rodríguez, Deicy Jiménez publicó un video de aproximadamente 54 segundos en el que aparece durante algunos instantes junto a Gustavo Petro. En la grabación también se escucha una conversación entre ambos, material que la mujer presentó como respaldo de sus afirmaciones sobre los encuentros privados que habría sostenido con el exmandatario.
Jiménez aseguró que buscaba demostrar que estaba diciendo la verdad y que el video respaldaba su versión. Sin embargo, la grabación tampoco acredita por sí misma que hubiera existido un intercambio de contratos públicos por servicios sexuales. Para establecer esa conexión se requiere verificar el origen del material, su autenticidad, el contexto de los encuentros y la documentación de las contrataciones.
Petro respondió públicamente a las acusaciones y negó haber utilizado recursos estatales para obtener beneficios personales. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”, afirmó el expresidente.
También manifestó que las mujeres que trabajaron durante su administración llegaron a sus cargos por sus capacidades y méritos, y pidió que sus nombres no fueran utilizados para atacarlo políticamente.
Frente al video, sostuvo que no había sido sometido a un peritaje ni valorado por un juez. Asimismo, aseguró que en la grabación no existe evidencia de corrupción, pagos o decisiones gubernamentales relacionadas con las acusaciones.
Por su parte, Alejandro Carranza, abogado de Petro, solicitó que los elementos conocidos públicamente sean sometidos a verificaciones técnicas para establecer su autenticidad, procedencia y contexto. La defensa también ha insistido en la presunción de inocencia del exmandatario.
El nuevo chat adquiere importancia dentro de este escenario porque introduce una comunicación atribuida directamente a Petro sobre la continuidad de un contrato. No obstante, será necesario establecer si la solicitud se tradujo en alguna actuación irregular y si tuvo relación con los hechos denunciados por Jiménez.
Fiscalía y Corte Suprema avanzan en la recolección de pruebas
En medio de las investigaciones, Deicy Jiménez permaneció durante más de nueve horas en el búnker de la Fiscalía, donde se reunió con investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y entregó su teléfono celular. El dispositivo será sometido a una extracción forense para recuperar y examinar los archivos que puedan aportar información al proceso.
La revisión permitirá analizar posibles videos, conversaciones, registros de fechas, ubicaciones y otros elementos almacenados en el equipo. Los resultados técnicos serán importantes para establecer la autenticidad y el contexto de los materiales que la denunciante ha presentado como respaldo de sus afirmaciones.
Jiménez acudió a la diligencia acompañada de su nueva abogada, Dina Luz Malo, luego de que su anterior defensor, Felipe Caballero, renunciara en medio de denuncias de amenazas. También estuvo acompañada por un magistrado instructor de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, la Corte Suprema ordenó una inspección a la Secretaría del Senado para obtener y revisar los contratos que habrían estado a nombre de Jiménez durante su paso por el Legislativo. La diligencia fue dispuesta por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala de Instrucción, con el propósito de contrastar la documentación contractual con las declaraciones entregadas por la denunciante.
El presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano, señaló que la investigación debe establecer las posibles implicaciones penales relacionadas con eventuales contratos financiados con recursos públicos. También recordó que los servidores públicos deben mantener una conducta acorde con sus responsabilidades tanto en el ámbito público como en el privado.
A estas actuaciones se suma la indagación previa abierta por la Procuraduría por posibles irregularidades en la contratación. El organismo solicitó información sobre vinculaciones por prestación de servicios en diferentes entidades estatales.
Además, la Fiscalía citó a entrevista al director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, diligencia que estaría prevista para el próximo 18 de noviembre.
En paralelo, la investigación incorporó otra denuncia relacionada con Angie Rodríguez. Su abogado, Manuel Villanueva, aseguró que entregó a la Fiscalía los resultados de un examen toxicológico practicado en España, con el que buscaría respaldar la versión de un supuesto intento de envenenamiento contra su representada.
Según Villanueva, el examen habría detectado tres sustancias que podrían generar efectos tóxicos. El toxicólogo y farmacólogo clínico Miguel Tolosa, del Hospital Infantil Universitario San José, explicó que las sustancias identificadas tendrían un margen terapéutico amplio, por lo que su presencia debe analizarse teniendo en cuenta las cantidades y el contexto clínico. La defensa de Rodríguez indicó que solicitó a la Fiscalía gestionar formalmente la obtención de la prueba mediante los organismos diplomáticos.
Por ahora, el caso reúne diferentes elementos que deberán ser examinados de manera independiente y conjunta: el chat atribuido a Petro, el video publicado por Jiménez, los diez contratos identificados por congresistas, el teléfono entregado al CTI y los documentos que solicitaron revisar la Corte Suprema y la Procuraduría.
La principal cuestión que deberán resolver las autoridades es si existió una intervención indebida del entonces presidente en la contratación pública y si esa actuación estuvo relacionada con los supuestos favores personales denunciados. Mientras no haya conclusiones judiciales, las acusaciones contra Petro continúan bajo investigación y el contenido de las pruebas deberá ser sometido a los procedimientos de verificación correspondientes.
