Han transcurrido ocho años y medio desde que la estructura judicial de la capital conoció uno de los casos más graves de presunta agresión contra la infancia vinculados a un actor político local. En el centro de esta controversia se encuentra Sergio David Torres Cárdenas, excandidato al Concejo de Bogotá e integrante del Partido Verde, quien fue procesado penalmente tras ser señalado de cometer delitos de carácter sexual contra un menor de 13 años de edad.
Hoy, con la perspectiva del año 2026, el expediente no solo revive por la gravedad de los hechos denunciados en 2018, sino por la alarmante morosidad institucional que mantiene el caso en un limbo de impunidad.
La cronología del caso: de los baños de un centro comercial a los estrados judiciales
La génesis de este proceso se remonta al año 2018, cuando la madre de la víctima descubrió y denunció formalmente que el procesado abordó al menor en los baños de un centro comercial en Bogotá para exigirle tocamientos indebidos. La situación escaló rápidamente a través de interacciones digitales en plataformas de mensajería, derivando en nuevos encuentros ilícitos entre enero y marzo de ese año.
Gracias al material probatorio entregado por la familia —que incluyó chats, audios y videos—, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Torres Cárdenas el 16 de mayo de 2018, obteniendo una medida de aseguramiento intramural. Pese a la contundencia de las pruebas y a la imputación por delitos como acceso carnal abusivo y pornografía con menor de 18 años, el acusado no aceptó los cargos, trasladando el caso a los juzgados de Paloquemao.
El salto al 2020: libertades y el inicio de la parálisis
Las fisuras en la administración de justicia comenzaron a evidenciarse con fuerza hacia el año 2020. A pesar de que los plazos procesales estipulaban un inicio ágil de los juicios, el proceso oral apenas se formalizó en diciembre de ese año.
En medio de este escenario de lentitud, la defensa del exconcejal logró que un juez le otorgara la libertad por vencimiento de términos, un duro golpe para la parte acusadora y para la familia de la víctima, que vio cómo el procesado recuperaba la movilidad mientras el juicio se extendía de manera indefinida.
Más de 15 aplazamientos y un llamado urgente en 2026
La situación actual en este 2026 refleja una crisis estructural en el aparato de justicia. De acuerdo con los nuevos reportes y veedurías expuestas en espacios informativos recientes, el proceso ha acumulado más de 15 aplazamientos indolentes provocados por fallas tecnológicas, falta de agenda en los despachos judiciales, cambios de fiscales y vicisitudes procesales que dilatan los fallos de conclusión.
Mientras las audiencias avanzan a paso de tortuga y la víctima se ve obligada a revictimizarse reiterando su testimonio, la sociedad civil y los colectivos defensores de derechos exigen respuestas claras. El caso de Sergio David Torres Cárdenas se consolida como un llamado de atención imperativo para que los organismos de control investiguen las demoras disciplinarias y eviten que la falta de celeridad se convierta en una garantía silenciosa de impunidad para los agresores de menores en Colombia.
