Hoy, casi dos meses después de la tragedia, hay que decirlo sin adornos, en Pereira sufrimos una doble victimización. La primera fue un asunto de la naturaleza; la segunda, un asunto de delincuencia y desidia institucional. Mientras los damnificados huían con lo que llevaban puesto en busca de un refugio seguro, los buitres humanos empezaron a planear sobre las ruinas.
Pensemos en el caso de un edificio tradicional de seis pisos sobre la Avenida 30 de Agosto, en la calle del almacén Olímpica. Un inmueble que estaba totalmente habitado y hoy carga un cartel lapidario: “Para demoler”. El sismo lo inclinó, destrozó sus ventanales y obligó el desalojo inmediato. Hasta ahí, la fatalidad geológica. Lo indignante empezó en los días posteriores.
Todos colapsamos, unos más que otros. Estos son los momentos en que los liderazgos se miden. En medio de la “prohibición de acceso” por “posible derrumbe”, se olvidaron todos los bienes de esas familias. Ya de por si semi desprotegidos en un edificio que ¿por avaricia? Sólo tenía vigilancia diurna y entre semana. Lo que nadie calculó es que el edificio quedaría des-habitado. Sin un solo propietario. Lo que cundió fue la hilaridad, la tensión, las culpas, las…
¿Cuál fue la gran estrategia de seguridad de la administración municipal en general y la de ese edificio en particular, para custodiar los bienes? ¡Cambiar las chapas de la entrada principal! Dejaron la custodia ¡diurna! en manos del vigilante pensionado que, desamparado bajo aguaceros y soles, terminó enfermándose y renunciando.
Los delincuentes midieron el terreno. Bastó con tumbar un solo barrote del parqueadero para abrir un boquete. Por ese orificio se metieron en cada apartamento, en cada caja, clóset. No contentos con robarse los televisores, se dieron el lujo de habitar los escombros: allí dejaron sus zapatos, bolsos, colillas de cigarrillos. Y no, NUNCA fueron indigentes. La meticulosidad del robo lo demuestra.
Mi querida Policía reaccionó tarde. Sí, capturaron a algunos con televisores al hombro y mandaron fotos, pero el daño ya estaba hecho. El patrimonio de toda una vida, arrasado por los saqueadores bajo las narices de las autoridades: del edificio y de la ciudad.
Se calcula que sólo en ese edificio, el robo supera los 300 millones de pesos. ¿Los afectados denunciaron? ¿Hay una investigación de oficio sobre todos los casos denunciados? ¿a dónde fueron a parar todos esos bienes? ¿al menos se ha visitado alguna prendería?
Todo esto muestra que la gestión de la seguridad y el control territorial colapsaron. ¿Dos meses después sigue colapsado? El ritmo de los auxilios para arrendamiento así lo muestra.
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ORLANDO PARRA G.
