La capital del departamento de Risaralda enfrenta uno de los momentos más críticos en materia de gestión del riesgo e infraestructura urbana en su historia reciente. Tras el fuerte terremoto registrado el pasado 10 de agosto, las autoridades locales han identificado más de 250 edificaciones en riesgo inminente de colapso en diversos sectores de la ciudad, un panorama que mantiene en constante alerta a los organismos de socorro y a la ciudadanía.
La gravedad de la situación quedó nuevamente expuesta este jueves 1 de octubre, cuando una estructura de dos niveles ubicada en el centro de Pereira se vino abajo. La propiedad contaba con un sello formal de peligro dictaminado por la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger) desde el mes de agosto y tenía una orden explícita de evacuación. Pese a las advertencias, dos personas permanecían en su interior al momento del desplome. La emergencia movilizó de inmediato al cuerpo de Bomberos de Pereira, la Defensa Civil y la Policía de rescate, quienes lograron rescatar a los afectados entre los escombros para posteriormente trasladarlos a centros médicos.
Este incidente se suma a otro evento similar ocurrido en agosto en un barrio contiguo al área céntrica, evidenciando que el deterioro progresivo de las estructuras afectadas amenaza la vida de quienes habitan o transitan por la zona.
El alto costo financiero y técnico de las demoliciones
Llevar a cabo la remoción segura de estos inmuebles representa una carrera contra el tiempo y un desafío presupuestal de gran magnitud. De acuerdo con el balance entregado por Dayana Gómez, directora de la Diger, el equipo técnico municipal ha realizado más de 2.600 inspecciones a predios con alertas de daños estructurales. El resultado consolidado de esta evaluación determinó la necesidad de derribar 250 inmuebles.
Hasta el momento, la Alcaldía de Pereira ha completado la demolición de 70 edificaciones, destinando una suma de 15.000 millones de pesos. Sin embargo, la administración municipal requiere de al menos 40.000 millones de pesos adicionales para intervenir las estructuras faltantes.
Entre las construcciones con orden de demolición figuran 12 inmuebles de gran envergadura, cuya altura, peso y colindancia con otras viviendas impiden un derribo convencional mediante maquinaria pesada. Entre este grupo destacado de infraestructuras críticas se encuentran:
- El edificio Invico, una mole de concreto gravemente averiada.
- La parroquia San Antonio María Claret, ubicada en el tradicional sector del parque El Lago.
- Un edificio residencial de 14 pisos localizado en el centro de la ciudad.
Debido a sus características arquitectónicas, estas 12 estructuras deberán ser retiradas mediante el método de implosión controlada.
Implosiones y el caso del edificio Invico
El caso del edificio Invico resume la complejidad técnica que afronta Pereira. Con más de 50 años de antigüedad, esta icónica edificación sufrió un fallo estructural severo. Según explicó el ingeniero Jhon Henry Mora, presidente de la Asociación de Ingenieros de Risaralda, la antigüedad de la edificación jugó un papel determinante durante la sacudida sísmica del 10 de agosto, a diferencia de aquellas estructuras construidas bajo la norma de sismorresistencia del año 2010, las cuales mostraron un comportamiento mecánico óptimo frente al fenómeno.
Actualmente, entre los pisos 10 y 12 del edificio Invico permanecen suspendidas cerca de 3.000 toneladas de concreto y material fragmentado. Especialistas en ingeniería y gestión del riesgo advierten que la estructura se ha convertido en una “bomba de tiempo”, con posibilidad de colapsar sobre la avenida Circunvalar, un corredor vial clave donde ya se ha restablecido la circulación vehicular en ambos sentidos.
El plan para la demolición de Invico contempla el uso de explosivos de alta tecnología, detonadores electrónicos y herramientas avanzadas de ingeniería. Según precisó el ingeniero civil y experto en explosivos, Henry Cabrera Morales, el sismo generó un fallo irreversible en los niveles superiores que imposibilita cualquier restauración. Por ello, para el día fijado para la detonación, las autoridades ejecutarán un cordón de seguridad que requerirá la evacuación total de dos cuadras a la redonda.
Por su parte, la secretaria de Infraestructura de la ciudad, Diana Osorio, enfatizó que cada una de las implosiones programadas estará respaldada por un riguroso plan de gestión del riesgo. Este protocolo incluirá análisis técnicos detallados, evaluación de posibles impactos ambientales y estructurales, firma de actas de vecindad y un proceso exhaustivo de socialización previa con las comunidades afectadas para evitar cualquier incidente colateral durante los operativos de derribo.
