Las autoridades del departamento de Risaralda y del área metropolitana anunciaron un despliegue operativo para reforzar la tranquilidad en la capital risaraldense. En el marco del reciente Consejo de Seguridad Departamental, se confirmó que un contingente de 200 policías llegará para fortalecer la presencia institucional en los sectores estratégicos del centro de la ciudad. De igual forma, los mandos militares evalúan la disponibilidad de un grupo especializado para intervenir sectores con problemáticas de seguridad.
Las determinaciones adoptadas responden a un análisis del comportamiento de la criminalidad y del panorama social registrado en la región durante las últimas semanas. En dicho encuentro se evaluó el estado de las zonas impactadas por el sismo que afectó a la capital, así como la afectación operacional sobre las actividades comerciales.
Balance de la delincuencia e impacto en el sector comercial
Uno de los puntos clave revisados durante las mesas de trabajo está relacionado con las fluctuaciones de los delitos de mayor impacto social. De acuerdo con las cifras presentadas con corte al 20 de septiembre, el comportamiento delictivo registra un contraste marcado entre los delitos contra la vida y aquellos que atentan contra la propiedad.
Por un lado, el robo de motocicletas aumentó un 123 % y el hurto a personas creció 18 % frente al mismo periodo del año anterior. Esta tendencia ha generado alerta entre los gremios y habitantes de la zona céntrica, quienes enfrentan desafíos derivados de la postemergencia telúrica. Por el contrario, los índices de homicidio mostraron una tendencia positiva, presentando una reducción del 29 % en Risaralda y del 27 % en el área metropolitana.
Las afectaciones provocadas por el evento sísmico inciden directamente en las condiciones de patrullaje e iluminación de la capital. A pesar de que más del 60 % de los establecimientos comerciales del centro se encuentran nuevamente abiertos, persisten sectores con problemas de iluminación, baja afluencia ciudadana e inmuebles con fallas estructurales. Este panorama ha llevado a que diversos comerciantes modifiquen sus esquemas de atención al público y opten por reducir sus horarios operacionales.
Las autoridades también hicieron un seguimiento a la recuperación del espacio público e infraestructura habitacional. Durante el Consejo se indicó que la seguridad alrededor de edificaciones afectadas es prioritaria, especialmente al considerar que más de 1.000 inmuebles podrían llegar a estar sujetos a procesos de demolición, dependiendo de los dictámenes correspondientes.
Operaciones militares y propuesta de patrullaje urbano
Para contrarrestar los riesgos de vulnerabilidad en la zona comercial, la articulación entre la fuerza pública ha sido fundamental durante los primeros 30 días posteriores al desastre. Durante el primer mes posterior al terremoto, soldados del Batallón San Mateo mantuvieron presencia permanente en el centro de Pereira con la finalidad de resguardar el patrimonio comercial e impedir saqueos o delitos conexos.
Frente al panorama actual, la institución militar contempla elevar los niveles de intervención. El Ejército solicitará a la Octava Brigada evaluar la disponibilidad de un destacamento con capacidades para operaciones urbanas que apoye las tareas del cuadrante de policía. Las autoridades indicaron que se trata de una propuesta que permanece bajo análisis.
A la par de estas proyecciones, el balance global de operatividad arrojó resultados destacados en materia de incautaciones y detenciones. Las unidades de policía notificaron 4.008 capturas, más de 4.119 kilogramos de estupefacientes incautados, además de 209 motocicletas recuperadas y 353 armas fuera de circulación.
Por parte del Ejército Nacional, los reportes operacionales detallaron 60 capturas relacionadas con delitos comunes, 11 por minería ilícita y siete presuntos integrantes del Clan del Golfo capturados, junto a 16 sometimientos a la justicia por parte de integrantes de estructuras armadas.
Sobre la estrategia integral en la región, Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, destacó la continuidad de los patrullajes: “Vamos a seguir haciendo presencia en todos los territorios, rurales y urbanos en los 14 municipios del departamento. Estamos diseñando un plan de seguridad para evitar la incursión de grupos ilegales al territorio”.
Investigaciones judiciales y control en municipios
El trabajo institucional abarca igualmente el seguimiento a las estructuras delictivas que operan en los municipios circunvecinos a la capital. Un apartado especial del informe policial y judicial se enfocó en esclarecer muertes violentas registradas recientemente en la localidad de Belén de Umbría.
En este sentido, la Fiscalía estudia si determinados casos podrían guardar relación entre sí y si responden a conflagraciones territoriales promovidas por bandas organizadas que tienen asiento en La Virginia. Los organismos de inteligencia acordaron continuar cruzando información para determinar si efectivamente existe esa conexión estratégica y orientar los actos urgentes de investigación judicial.
De este modo, los esfuerzos de las autoridades departamentales y locales se orientan a consolidar un entorno pacífico mediante mayor pie de fuerza policial, la factible intervención de grupos tácticos de operaciones urbanas del Ejército y el seguimiento continuo a las infraestructuras débiles.
