a Unidad Nacional de Protección (UNP) hizo oficial la decisión de retirar los esquemas de protección y acompañamiento que mantenía asignados a un grupo superior a los quince exfuncionarios, exministros y personalidades vinculadas a la administración del expresidente Gustavo Petro. La determinación de la entidad pública, adopta un giro sustancial en los protocolos de evaluación de riesgo para exservidores estatales y responde a un exhaustivo proceso de revisión técnica administrativa desplegado institucionalmente sobre las medidas que habían sido otorgadas con anterioridad.
La determinación institucional ha generado repercusiones inmediatas en el panorama político del país, al retirar el beneficio a figuras de alto perfil directivo y político. Según las resoluciones emitidas por el organismo institucional, la decisión no constituye una medida punitiva ni arbitraria, sino que responde estrictamente al resultado de estudios técnicos de seguridad que buscan determinar la presencia real de amenazas directas, la visibilidad pública de las personalidades en la coyuntura actual y la proporcionalidad del gasto público asignado frente al nivel de riesgo acreditado.
Alcance de la medida sobre el gabinete y altos cargos
Entre los perfiles de más alta jerarquía institucional alcanzados por la orden administrativa de retiro se encuentran de manera destacada ocho antiguos jefes de carteras ministeriales. La lista de exministros incluye a Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), José Antonio Ocampo y Germán Ávila (Hacienda), Armando Benedetti (Interior), Yesenia Olaya (Ciencia), Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Morales (Comercio) y Yeimi Carina Murcia (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC). Asimismo, la medida cobijó al exministro de la Cancillería, Rosa Yolanda Villavicencio.
A la par del desmonte ejecutado sobre el antiguo gabinete ministerial, la disposición de la entidad de protección estatal impactó a antiguos directores de departamentos administrativos y altos directivos estatales de primer nivel. En la lista oficial expedida por la institución figuran Otty Patiño, quien se desempeñó como exalto comisionado para la Paz; Jorge Lemus, exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI); y Daniel Quintero, exsuperintendente Nacional de Salud.
De igual manera, la orden institucional abarcó a Ángela María Robledo, expresidenta de la junta directiva de Ecopetrol; Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones; y Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Garantías del proceso de notificación
La normativa administrativa contempla que los exfuncionarios y personas notificadas por la UNP disponen de un término legal de diez días hábiles, contados a partir del recibo formal del acto administrativo, para interponer el correspondiente recurso de reposición o apelación que ordene mantener o reevaluar la protección asignada.
Familiares, activistas e incidentes de seguridad
El alcance de los actos administrativos expedidos por el organismo nacional no se limitó únicamente a quienes ocuparon responsabilidades directas dentro del Ejecutivo nacional. Las resoluciones administrativas incluyeron el retiro de esquemas de seguridad a activistas políticos, creadores de contenido digital y familiares cercanos a dirigentes allegados al sector político del gobierno anterior.
Dentro de este grupo de ciudadanos particulares figuran Pilar Rueda; Mayerly Alejandra Legarda Quilcué; y el activista Daniel Mendoza. De acuerdo con los antecedentes inmediatos de la entidad de protección estatal, esta decisión da continuidad a un proceso previo de reestructuración en el que ya se había levantado o retirado el esquema de protección asignado a otros líderes de opinión y figuras públicas del entorno gubernamental, entre quienes se encontraban Levy Rincón y Beto Coral.
Frente a la notificación oficial expedida por la administración pública, algunos de los afectados manifestaron públicamente la intención de hacer uso del recurso legal. Tal es el caso de Jorge Lemus, quien adelantó de manera expresa que presentará la correspondiente impugnación ante las instancias legales dentro del lapso estipulado para exigir la reconsideración y vigencia de su esquema de seguridad asignado.
Revisión institucional bajo la dirección de la UNP
El proceso de auditoría y retiro sistemático de las medidas de seguridad se ha desarrollado formalmente bajo la dirección institucional de Didier Blanco en la UNP. Desde la dirección general de la entidad se ha recalcado de manera consistente que el desmonte de esquemas no corresponde a criterios de discriminación de tipo ideológico o político, sino al cumplimiento estricto del marco legal que exige realizar evaluaciones periódicas del nivel de riesgo individual de cada ciudadano bajo protección estatal.
Esta revisión integral de medidas de protección cobra especial trascendencia en el marco de las complejas cifras operativas e informes oficiales registrados por la propia institución. Reportes especializados elaborados por la entidad indican que en el lapso comprendido entre agosto de 2022 y junio de 2026 se contabilizaron en el territorio nacional un total de 313 incidentes de seguridad dirigidos contra personas que contaban con medidas de protección oficiales.
Dentro del consolidado general de esos episodios de orden público, la cifra oficial revela un nivel de complejidad crítico, puesto que 276 correspondieron a atentados directos contra la integridad física de los protegidos. Ante este contexto de seguridad, la entidad argumenta que resulta indispensable optimizar los recursos logísticos y humanos disponibles para destinarlos prioritariamente a aquellas personas que acrediten un peligro eminente, extraordinario o extremo según los estudios técnicos actualizados.
Balance de la decisión administrativa
El retiro masivo de esquemas de protección a figuras del anterior gobierno redefine la administración de recursos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la cual mantendrá bajo evaluación los recursos de apelación radicados en los diez días hábiles posteriores a cada notificación personal.
