La violencia política y las agresiones contra el ejercicio periodístico cobraron una nueva víctima en el Perú. El pasado sábado 19 de septiembre, alrededor de las 12:40 horas, fue acribillada la comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo, de 43 años, ampliamente conocida en el ámbito mediático y político local como “La China Polo”. El fatal atentado se consumó en plena vía pública del distrito de Caraz, provincia de Huaylas, mientras la postulante por el movimiento regional Socios por Áncash realizaba un recorrido proselitista entregando propaganda electoral a los transeúntes.
El hecho se registró exactamente en la avenida Ramón Castilla, a pocos metros de la sede de la Caja Huancayo y en inmediaciones del concurrido mercado de la localidad. Según el reporte de las autoridades policiales, “La China Polo” caminaba rodeada por simpatizantes de su agrupación cuando fue interceptada por un sujeto desconocido. Sin mediar palabra, el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó múltiples disparos a quemarropa contra la candidata. Además de provocarle heridas mortales a Aponte Polo, el ataque a balazos dejó un saldo de cinco simpatizantes heridos que acompañaban la comitiva en ese instante.
Tras el tiroteo, el atacante emprendió la huida con rumbo desconocido. La candidata y los demás heridos fueron evacuados de emergencia por la Policía Nacional del Perú (PNP) al Hospital San Juan de Dios de Caraz; sin embargo, Aponte Polo falleció casi de forma instantánea debido a la gravedad de los impactos de bala recibidos. Por su parte, las otras cinco personas impactadas por los proyectiles permanecen hospitalizadas bajo observación médica.
Posteriormente, las fuerzas del orden desplegaron un operativo relámpago en la zona que concluyó con la captura de un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana, identificado como Luis Obispo Díaz, de 32 años. Durante la inspección y registro personal, los agentes policiales hallaron en su poder una pistola, por lo que fue aprehendido de inmediato para iniciar las investigaciones correspondientes.
Graves denuncias previas, acusaciones y un ambiente de tensión
El vil asesinato de la periodista y política ocurre a escasas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales, programadas para el próximo 4 de octubre. Aponte Polo había marcado presencia en la contienda electoral apenas cuatro días antes de su muerte, el pasado 15 de septiembre, cuando participó activamente en el debate de candidatos al Gobierno Regional de Áncash organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, en su hoja de vida oficial ante el órgano electoral figuraban dos sentencias firmes con pena suspendida ya cumplidas: una del año 2010 por falsificación de documentos y otra de 2013 por el delito de falsedad ideológica.
Más allá de su faceta electoral, “La China Polo” era reconocida por su labor periodística de denuncia en la región, enfocada en destapar supuestos actos de corrupción que involucraban a dependencias de la Policía Nacional, el Ministerio Público y diversas autoridades locales. Apenas nueve días antes de ser acribillada, el jueves 10 de septiembre, la comunicadora empleó sus redes sociales para alertar que su vida corría peligro.
En dicha publicación, Aponte Polo responsabilizó públicamente al coronel y jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo Farfán, de cualquier atentado contra su integridad. “De tres penales he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes. A usted le digo, señor Revoredo: acá hay que parar el macho. Aquí no hay que actuar como cobardes… ¿Cuál es el temor? ¿Que saque todas sus cochinadas?”, aseveró firmemente en su momento. Hasta la fecha, ni la PNP ni el alto mando mencionado han emitido pronunciamientos sobre estas acusaciones ni sobre el crimen.
Las líneas de investigación también apuntan a otras denuncias recientes de la comunicadora. Horas antes de su muerte, Aponte Polo había promocionado la difusión de un reportaje que exponía el historial del candidato a la alcaldía de Huaraz por el partido Alianza para el Progreso (APP), Lalo Villa, y el papel de esta agrupación en la gestión del agua en Áncash, pesquisa que incluía ramificaciones en Ferreñafe y Chiclayo. Asimismo, en agosto pasado había cuestionado supuestas irregularidades en el Poder Judicial para favorecer a la conductora Magaly Medina, hecho que le valió una carta notarial del abogado Alfredo Zambrano tras acusarlo de administrar una notaría cuestionada.
Diligencias judiciales, ola de agresiones y condena institucional
Las autoridades judiciales evalúan el caso bajo un amplio abanico de hipótesis que van desde el feminicidio hasta el ajuste de cuentas, dada la ferocidad y premeditación del atentado. La investigación preliminar ha quedado a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas, liderada por la fiscal provincial Dina Raquel Ramos Jáuregui junto a cuatro fiscales adjuntos. El equipo fiscal viene coordinando con la Policía la recolección de pruebas fácticas y el análisis exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para confirmar si el detenido, Luis Obispo Díaz, tuvo participación material en el crimen.
La trágica muerte de Susy Aponte pone en evidencia un contexto alarmante de violencia contra los trabajadores de prensa en la región y el país. En abril de este mismo año, el periodista Alejandro Callirgos, de Panamericana Televisión, denunció haber sido víctima de un atentado cuando retornaba de sus labores. Según su testimonio, el consejero regional de Áncash y postulante por el partido Perú Primero, Pedro Alama, le habría disparado. La Fiscalía mantiene abierta una investigación preliminar contra Alama y su seguridad personal, Moisés Torres, por el presunto delito de tentativa de homicidio, mientras que el autoridad regional adujo ante la Divincri haber realizado únicamente un “disparo al aire” al sentirse perseguido por motocicletas.
El asesinato de “La China Polo” provocó un firme rechazo a nivel político e institucional. Su compañero de lista en el movimiento Socios por Áncash, Valentín Fernández, expresó estar consternado por el hecho y demandó una “investigación inmediata, independiente y rigurosa” para juzgar a los culpables. A su vez, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) condenó tajantemente el crimen y ratificó su compromiso con la defensa de un “proceso electoral pacífico, libre y democrático, en el que todas las organizaciones políticas y candidaturas puedan participar con plenas garantías”.
Las reacciones en el Congreso y en la opinión pública no se hicieron esperar. La senadora Ruth Luque catalogó el ataque como un hecho “gravísimo” que requiere la rápida intervención de los entes de justicia para ubicar tanto a los ejecutores como a los autores intelectuales del homicidio. Por su parte, la reconocida periodista Rosa María Palacios advirtió en sus redes sociales que Aponte Polo se convierte en la quinta comunicadora en ser asesinada en el Perú en los últimos dos años. Palacios remarcó el sombrío patrón que une a estos crímenes: la totalidad de los comunicadores victimados en dicho periodo contaban con antecedentes de haber denunciado sistemáticamente tramas de corrupción pública.
