En un movimiento administrativo de alcance nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio declararon este 18 de septiembre de 2026 una nueva urgencia manifiesta con el fin de evitar un colapso en la expedición de documentos de viaje. La medida gubernamental busca asegurar, sin riesgo de interrupción, el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana.
Esta contingencia responde directamente a una determinación de la justicia administrativa que frenó el esquema que el Ejecutivo pretendía implementar para la expedición de dichos documentos. Ante este escenario, la administración central recurrió a herramientas de contratación directa de carácter excepcional para proteger el derecho a la movilidad de la ciudadanía.
Las razones del Tribunal para suspender el nuevo modelo
El origen inmediato de la crisis institucional se remonta a la orden emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP, dictado el pasado 2 de septiembre de 2026. En esa providencia, el despacho judicial decretó como medida cautelar la suspensión provisional del nuevo modelo de gestión y formalización de pasaportes.
La intervención judicial se dio en el marco de una acción popular que exigía salvaguardar la regularidad, la eficiencia y la continuidad de los servicios de extranjería y la entrega oportuna de las herramientas de identificación internacional. En su análisis, los magistrados determinaron que el Gobierno nacional incurrió en vacíos sustanciales al no justificar de manera técnica y financiera la estructuración del servicio.
Entre las principales observaciones formuladas por la corporación judicial destacan:
- La falta de acreditación plena respecto a los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras.
- Severas dudas e incertezas sobre la planeación técnica del proceso.
- Falta de claridad en el cumplimiento estricto de los cronogramas de ejecución.
- Ambigüedad sobre el estado real de la operación para encarar el cambio de modelo sin afectar a los usuarios.
Alcance de la urgencia manifiesta y llamado a licitación pública
Frente al cerco legal impuesto por la suspensión cautelar, el Ministerio de Relaciones Exteriores amparó su decisión en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993. Esta norma faculta legalmente a las entidades estatales a celebrar contrataciones directas cuando la paralización de un servicio público esencial sea inminente y exija una actuación inmediata.
Sin embargo, desde la sede diplomática se enfatizó que las adjudicaciones directas no serán permanentes. La Cancillería precisó que las contrataciones celebradas en virtud de este recurso extraordinario tendrán una naturaleza estrictamente transitoria y limitada en su alcance. El objetivo exclusivo es contratar lo indispensable para operar mientras se solventa el esquema definitivo.
Paralelamente a la contingencia, la entidad confirmó el inicio formal de la estructuración de un nuevo proceso de licitación pública. Según la información oficial, esta convocatoria para seleccionar al contratista definitivo se diseñará bajo estrictos criterios de transparencia, planeación y responsabilidad, incorporando un calendario formalizado, asignación precisa de responsables y un seguimiento mensual de los avances.
En aras de la probidad pública, el acto administrativo que declara la emergencia, al igual que la totalidad de los contratos que se firmen bajo su cobertura, serán remitidos de forma inmediata a la Contraloría General de la República para que ejerza el respectivo control fiscal preferente.
Operación garantizada en sedes y consulados
A pesar de las perturbaciones jurídicas, el Gobierno nacional extendió un parte de tranquilidad a la ciudadanía y a la comunidad internacional. La Cancillería aseguró formalmente que los trámites de expedición de pasaportes y visados continúan desarrollándose con total normalidad tanto en las oficinas del país como en la red consular colombiana en el exterior.
Las autoridades confirmaron que todas las citas previamente programadas se mantienen plenamente vigentes. Asimismo, precisaron que las personas interesadas en obtener sus documentos de viaje no deberán realizar ninguna gestión o trámite adicional para garantizar la atención de sus solicitudes. El Ejecutivo remarcó que la meta prioritaria es asegurar los derechos del ciudadano y evitar traumatismos en la expedición de las libretas oficiales.
