Un grave incidente de orden público se registró en la noche del viernes, 4 de septiembre, cuando un enjambre de drones cargados con explosivos atacó las instalaciones del Batallón de Infantería de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. El hostigamiento armado provocó momentos de alta tensión en la guarnición militar y en sus inmediaciones, activando los protocolos de seguridad de la Fuerza Pública y la alerta de las autoridades locales.
Según los informes y balances preliminares presentados por las autoridades, hasta el momento el saldo es de 3 militares que perdieron la vida. La acción armada generó profunda preocupación en la comunidad local y conmovió el desarrollo habitual de las actividades ciudadanas y académicas de la zona.
Reacción militar e impacto en la población civil
Tras percatarse de la incursión de los dispositivos aéreos no tripulados sobre el perímetro militar, las tropas reaccionaron de inmediato para repeler el hostigamiento. Fuentes de las Fuerzas Militares explicaron que el personal disparó ráfagas de fusil con el objetivo prioritario de proteger el sistema antidrones instalado en el batallón, una tecnología desplegada para salvaguardar tanto la infraestructura de la unidad táctica como a los residentes dentro del complejo.
La situación reviste especial gravedad debido a que en el interior del cantón militar se ubican las viviendas fiscales. Fuentes consultadas confirmaron que dentro de las instalaciones residen civiles en condición de vulnerabilidad, entre ellos mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, lo que incrementó el riesgo de que el ataque dejara víctimas civiles.
El estruendo producido por las ráfagas defensivas y las detonaciones alertó a los habitantes de los sectores adyacentes. De manera particular, la Universidad Francisco de Paula Santander, cuyas dependencias se encuentran cercanas a la guarnición, se vio obligada a suspender de emergencia la jornada de clases programada para esa noche, evacuando de manera preventiva a sus estudiantes y cuerpo docente.
Retaliación por la captura de un presunto cabecilla del ELN
De acuerdo con las hipótesis formuladas por los organismos de inteligencia militar, la incursión armada no habría sido un hecho aislado, sino una retaliación directa tras un golpe operativo perpetrado recientemente contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En horas previas, unidades de la Policía Nacional, a través de su Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín) y el área de inteligencia, en coordinación con la Operación Esparta, ejecutaron la captura en Ocaña de un individuo conocido con el alias de Firulais o Firu. El detenido es señalado como presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo de la organización guerrillera y se desempeñaba, según las pesquisas, como francotirador especializado.
A alias Firulais se le atribuye presunta responsabilidad en diversos delitos de alto impacto, entre los que destacan:
- Participación en el homicidio de tres policías en el municipio de Río de Oro, departamento del Cesar.
- Coordinación y ejecución de acciones armadas mediante la utilización de francotiradores, drones equipados con carga explosiva y otros artefactos de ignición dirigidos a las Fuerzas Armadas.
- Órdenes judiciales vigentes por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.
Pronunciamiento del Gobierno y postura institucional
La gravedad de los hechos y los antecedentes del capturado motivaron una pronta reacción institucional. El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a los acontecimientos señalando que, conforme a las labores de inteligencia previa, alias Firulais habría sido comisionado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental del ELN para planear y ejecutar un atentado directo contra su vida.
Durante su declaración pública, el mandatario destacó la efectividad de los procedimientos policiales y reafirmó la postura inflexible del Estado frente a los grupos armados al margen de la ley. «Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado. Por el contrario, fortalecen mi determinación de combatirlos hasta someterlos al imperio de la Constitución y la ley», afirmó el presidente, asegurando que la fuerza institucional mantendrá el control en Norte de Santander y en las zonas golpeadas por el conflicto.
Las autoridades mantienen el despliegue operativo en la región para evaluar los daños materiales, reforzar las medidas de seguridad perimetral e investigar posibles responsabilidades adicionales tras esta modalidad de ataque aéreo contra las guarniciones militares colombianas.
