La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra de Juventudes y delegada de la Presidencia ante el Consejo Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC). El paso judicial abre un juicio por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Esto genera debate nacional debido a que Guerrero presuntamente empleó soportes académicos falsos para avalar su postulación.
Según las pruebas recaudadas por el ente acusador, la procesada pretendía justificar que cumplía con los requisitos exigidos para el alto cargo mediante la falsificación de tres títulos profesionales. Los diplomas cuestionados corresponden a las carreras de Contaduría Pública, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, y Contabilización de Operaciones Comerciales. Estos habrían sido presentados de manera irregular a finales del año pasado ante el departamento administrativo de Función Pública con el propósito de sustentar su designación.
Irregularidades académicas y el sistema SIGEP II
La investigación penal se enfoca en el título de contadora pública que Guerrero aseguraba haber obtenido de la Fundación Universitaria San José en julio de 2025. De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la joven nunca asistió a clases en dicho claustro, no presentó ningún examen y ni siquiera estuvo debidamente matriculada en el programa. Tampoco cumplió con los requisitos que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia exige para la expedición legítima de tales títulos profesionales.
Para el ente de control, la conducta delictiva se concretó plenamente cuando estos soportes fueron cargados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II). Esta plataforma virtual es la encargada de certificar de forma oficial la hoja de vida de los aspirantes a cargos gubernamentales. La Fiscalía sostiene que Guerrero actuó con pleno conocimiento de la irregularidad de sus diplomas y, aun así, los anexó a su hoja de vida con el fin de engañar al servidor público encargado de su nombramiento oficial en el viceministerio.
Implicación institucional y efectos en la Universidad Popular del Cesar
El proceso judicial también vincula directamente a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución. Gutiérrez enfrenta cargos por falsedad en documento público tras ser acusado de autorizar y firmar las resoluciones y actas de grado falsas que hacían constar, de manera espuria, que Guerrero había culminado sus estudios. Tras confirmarse las irregularidades, la junta directiva de la Fundación Universitaria San José ordenó la salida de su cargo por certificar hechos falsos en documentos auténticos de la universidad.
A nivel territorial, el caso ha impactado hondamente al departamento del Cesar. Guerrero ha ostentado voz y voto dentro de las decisiones del Consejo Superior de la UPC durante el tiempo que representó al Gobierno nacional en dicha corporación. Este hecho ha desatado un debate de control sobre la rigurosidad con la que las universidades colombianas verifican los soportes académicos de las personas delegadas en sus órganos de administración directiva.
La postura de la Presidencia de la República
Ante el impacto público del expediente judicial, el presidente Gustavo Petro asumió la defensa de Juliana Guerrero. El primer mandatario argumentó que no se ha demostrado de manera contundente ante los jueces que la joven no haya adelantado estudios en la Fundación Universitaria San José. De igual forma, Petro aclaró que Guerrero nunca llegó a desempeñarse formalmente como viceministra de Juventudes ni como funcionaria, ya que legalmente se requiere una edad mínima de 25 años para ocupar esa posición, mientras que la joven contaba únicamente con 21 años.
El mandatario nacional admitió además que la exposición pública de Guerrero en televisión fue un error político y comunicativo que propició una ola de rumores, ataques personales y amenazas contra la seguridad física de la joven y de su familia. Por su parte, la defensa de los procesados insiste en que el caso debe resolverse bajo el debido proceso en los estrados judiciales colombianos.
Con la radicación formal de este escrito de acusación, el proceso avanza hacia la audiencia de formulación de cargos ante un juez de conocimiento. En esta etapa, el ente de control presentará de forma oficial las pruebas que pretenden llevar a juicio a Guerrero y Gutiérrez. No obstante, ambos procesados conservan plenamente su derecho a la presunción de inocencia mientras la justicia penal colombiana dicta un fallo definitivo.
