Una investigación profunda llevada a cabo por la Agencia de Inspección de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) ha encendido las alarmas en el cuerpo diplomático y las autoridades aduaneras del país. El informe advierte sobre graves omisiones de control por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en la gestión de los beneficios tributarios otorgados a los funcionarios que regresan de cumplir misiones en el exterior. Como consecuencia directa de estas fallas, un total de 487 exdiplomáticos están siendo requeridos para pagar los valores que evadieron en la importación de sus vehículos personales entre los años 2022 y 2025, al haber superado los topes y los tiempos que estipula la legislación vigente.
El beneficio arancelario, cuyo origen se remonta al Decreto Presidencial 2148 de 1991, fue diseñado originalmente para facilitar el retorno del personal diplomático extranjero y de los funcionarios colombianos que finalizan sus labores oficiales en otros países. Esta normativa establece que, dependiendo del tiempo de servicio prestado fuera del territorio nacional, los vehículos importados pueden gozar de un descuento de hasta el 100% en los derechos de aduana, siempre y cuando no se sobrepasen los montos máximos fijados en los decretos correspondientes. Sin embargo, las auditorías de la ITRC demostraron que el espíritu de la norma fue desvirtuado ante la falta de rigurosidad en las aduanas, permitiendo que el Estado colombiano dejara de recaudar una suma que supera los 36.000 millones de pesos.
Exembajadores y altos funcionarios en la lista de implicados
El documento de la agencia fiscalizadora detalla con precisión varios nombres de alto perfil dentro de la política y la diplomacia colombiana que se habrían visto favorecidos por lo que se califica como una «negligencia de los funcionarios aduaneros». Entre los casos más destacados se encuentran los de los exembajadores ante los Estados Unidos, Francisco Santos y Luis Gilberto Murillo. De acuerdo con el reporte oficial, Santos importó un automóvil valorado en 52.000 dólares, excediendo por un margen de 7.000 dólares el límite máximo autorizado para los jefes de misión y representantes de organismos internacionales. Por su parte, Murillo sobrepasó el tope legal por una cifra aún mayor, registrando un vehículo con un costo de 93.000 dólares, lo que representó un exceso de 48.000 dólares sobre el monto permitido.
La lista de exfuncionarios que adquirieron automóviles por encima de las regulaciones aduaneras vigentes se extiende a otras figuras notorias de la vida pública nacional. El informe menciona explícitamente al exministro de Defensa y exembajador Juan Carlos Pinzón, al expresidente del Senado Juan Manuel Corzo, a la diplomática María Elvira Pombo Holguín y a la exembajadora Claudia Turbay Quintero. En todos estos casos particulares, el valor comercial de los carros ingresados al país estuvo muy por encima de los cupos que la ley confiere a sus respectivos rangos de servicio, una situación que debió haber sido detectada y gravada de manera oportuna por el personal de la DIAN encargado del control en los puertos y aduanas.
Violación de plazos y desvío de beneficios a terceros
Más allá del exceso en el valor de las mercancías, la investigación de la ITRC descubrió otras modalidades de irregularidades relacionadas con el factor tiempo. Se detectaron al menos 56 casos específicos en los cuales los funcionarios gestionaron y ejecutaron la importación de sus automotores por fuera de los cronogramas obligatorios establecidos por la ley, ya sea antes, durante o considerablemente después del periodo autorizado para el retorno diplomático. Por este concepto de extemporalidad y falta de requisitos temporales, las arcas públicas dejaron de percibir un estimado de 2.275 millones de pesos en tributos que debieron haber sido cancelados de forma inmediata.
El hallazgo más sorpresivo y preocupante dentro de la auditoría de la agencia de inspección tributaria radica en la identificación de un presunto fraude donde los beneficios exclusivos de la carrera diplomática terminaron en manos del sector privado. Los investigadores encontraron tres declaraciones de importación que no guardaban ninguna relación con diplomáticos ni con empresas comercializadoras de vehículos autorizadas. En su lugar, el beneficio aduanero total fue utilizado por tres empresas particulares que ingresaron insumos médicos al país sin pagar ningún tipo de impuesto, camuflando la mercancía bajo las exenciones que la ley otorga únicamente al menaje y transporte de los funcionarios del servicio exterior. Las autoridades competentes ya se encuentran recopilando la evidencia necesaria para determinar si existió una red de corrupción interna que facilitó la falsificación o el desvío de estos documentos aduaneros especiales.
