La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha sacudido el panorama geopolítico con la publicación de un extenso informe de 83 páginas titulado “De Bogotá a El Fasher: El papel de los EAU en el despliegue de militares colombianos y otras formas de respaldo a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán”. En el documento, la entidad presenta pruebas contundentes sobre el despliegue de cientos de contratistas militares privados de nacionalidad colombiana en territorio sudanés.
De acuerdo con la investigación, estos efectivos han sido integrados para combatir en las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar que mantiene un cruento enfrentamiento contra las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF). Las RSF han sido objeto de graves señalamientos internacionales por la presunta comisión de crímenes de guerra y atrocidades generalizadas contra la población civil.
El eje Abu Dabi: Reclutamiento y entrenamiento
La investigación de HRW detalla que el proceso de reclutamiento y posterior despliegue de los exmilitares colombianos se habría gestionado a través de Global Security Services Group (GSSG), una firma de seguridad privada con sede en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El informe expone una ruta logística que implica directamente a las autoridades emiratíes, señalando que los contratistas transitaron por instalaciones militares oficiales antes de ser enviados a la zona de conflicto. Entre los puntos clave identificados por la organización se encuentran:
- La base militar de Ghiyathi, ubicada en el Emirato de Abu Dabi.
- Una instalación de entrenamiento en Al Wathba, también en territorio emiratí.
Un testimonio recogido por la organización de un contratista colombiano revela la opacidad del proceso: “No nos sellaron los pasaportes”, afirmó el recluta, quien además aseguró que, tras aterrizar en el país árabe, fue trasladado de inmediato a la base de Ghiyathi para recibir entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes.
Evidencias en el campo de batalla y violaciones de acuerdos
La presencia de este contingente extranjero no es nueva, pero las pruebas actuales confirman su magnitud. Los primeros indicios públicos surgieron en noviembre de 2024, cuando grupos aliados al gobierno sudanés interceptaron un convoy en la frontera con Libia.
No obstante, HRW ha logrado ir más allá al verificar y geolocalizar material audiovisual que sitúa a los contratistas colombianos en combates activos en El Fasher, capital de Darfur del Norte, durante la ofensiva de las RSF en octubre de 2025. En dicho periodo, la ciudad fue escenario de episodios de extrema violencia, incluyendo asesinatos masivos, violaciones y ataques selectivos contra civiles.
Testigos presenciales en las zonas de conflicto reportaron la presencia de combatientes extranjeros de piel clara en los lugares donde ocurrieron las ejecuciones, destacando que vestían un equipo de protección especializado —cascos, chalecos antibalas y rodilleras— idéntico al que se observa en los videos de los contratistas.
Armamento y transgresiones internacionales
Además del factor humano, el informe de Human Rights Watch denuncia el hallazgo de armamento vinculado a los EAU en poder de las fuerzas paramilitares. Específicamente, se identificaron proyectiles de 81 mm fabricados en Bulgaria que, según investigaciones de medios internacionales como France 24, habrían sido desviados de los arsenales oficiales de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos.
Esta transferencia de equipo militar representaría una violación directa de los acuerdos de usuario final, los cuales prohíben la entrega de material bélico a terceros sin autorización del fabricante original. La revelación de HRW pone de manifiesto la compleja red de subcontratación y apoyo externo que alimenta la prolongada guerra civil en Sudán.
