Esta semana se realizó la reunión trimestral de la Comisión Regional de Moralización de Risaralda con la ciudadanía. Estos espacios, en teoría, existen para que la Comisión escuche las peticiones, quejas y denuncias de los ciudadanos. Recordemos que esta instancia está integrada por representantes de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Comisión de Disciplina Judicial.
El debut de Henry Hernández Granados, nuevo director de Fiscalías de Risaralda, fue, en mi opinión, un desastre. Así me lo denunciaron varios ciudadanos que asistieron a la reunión y así lo percibo frente a lo que debería ser un espacio serio, respetuoso y útil para quienes todavía creen en las instituciones.
Tengo que decirle algo, señor Hernández: la credibilidad y la eficiencia de las entidades de control en Risaralda no pasan por su mejor momento. La lentitud de los procesos desespera, los resultados son tan pobres que avergüenzan, y muchas veces pareciera que son más los casos que se archivan, prescriben o se quedan engavetados que aquellos que realmente llegan a una respuesta clara para la ciudadanía.
Y, aun así, la gente no pierde la fe. Se toma el trabajo de asistir, de preparar sus denuncias, de viajar desde municipios lejanos, de llevar documentos, de pedir la palabra y de confiar, todavía, en que alguien los escuche.
Mire usted, señor director, lo que ocurre en su propia entidad. Allí reposan casos que hemos recordado una y otra vez, algunos con años de espera, como el de los abuelos de Dosquebradas, con graves hallazgos y en 2019 estaba quieto hasta que pregunté y nuevamente murió hasta 2025 cuando volví a preguntar y lo movieron, casi una década sin respuestas contundentes. También hay procesos en los que cambian fiscales, cambian investigadores, cambian funcionarios, pero no cambian los resultados.
¿Tiene sentido que una persona viaje desde una vereda, desde un municipio apartado, para que le den apenas un minuto y medio, y encima le metan prisa con una alarma? ¿Ese es el trato digno que merecen los ciudadanos que se atreven a denunciar posibles actos de corrupción?
También me denuncian que a varios asistentes les cortaron sus intervenciones, limitando de manera desproporcionada el derecho que tienen a exponer sus quejas y denuncias ante las autoridades competentes. Y aquí cabe una pregunta directa, necesaria y legítima, señor director de Fiscalías: ¿es cierto que usted advirtió a algunos veedores que tuvieran cuidado con sus denuncias porque ellos podrían terminar denunciados?
Si eso ocurrió, es gravísimo. Y si no ocurrió, también corresponde aclararlo de frente, porque la sola percepción de intimidación en un espacio ciudadano ya produce un daño enorme; con miedo, nadie denuncia; con miedo, nadie confía; con miedo, la corrupción se siente más cómoda.
Señor Hernández, a los ciudadanos de Pereira y Risaralda se les respeta. No se les corta la voz, no se les acelera con una alarma como si estorbaran, y mucho menos se les debe hacer sentir intimidados en un escenario creado, precisamente, para escuchar denuncias ciudadanas.
También quiero dirigirme a la señora Mónica Andrea Pérez Alarcón, gerente departamental de la Contraloría General de la República en Risaralda y presidenta de la Comisión Regional de Moralización. Señora funcionaria, no pierda la empatía con las personas que se trasladan desde otros municipios para denunciar posibles actos de corrupción. Esa información es insumo para el trabajo de ustedes. La ciudadanía no va a pedir favores; va a ejercer un derecho y a cumplir un deber cívico.
Ocupar el primer puesto entre las comisiones de moralización puede ser un indicador, pero no puede convertirse en una medalla para exhibir mientras la gente siente que no la escuchan. Lo que realmente habla de la gestión no es el ranking, sino la atención digna a la ciudadanía, el trámite serio de las denuncias y los resultados efectivos.
Porque corrupción en Risaralda hay bastante. Trabajo tienen. Casos sobran. Lo que falta, muchas veces, son respuestas. A propósito, señora Mónica, póngale cuidado al contrato de la gobernación 3486 por $20.000 millones; no están cumpliendo y la comunidad va a cerrar vías en el español.
¿Dónde está escrito que solo puedan hablar quince personas cuando se invitó a cerca de cuarenta? ¿Por qué ni siquiera la mitad de los asistentes pudo hacer uso de la palabra? ¿Cuál es el sentido de abrir un espacio ciudadano si luego se administra la palabra como si escuchar fuera una carga y no una obligación institucional?
Seguimos esperando resultados contundentes. No intimiden a los ciudadanos. No desmotiven a los veedores. No conviertan estos espacios en reuniones frías, cronometradas y lejanas de la realidad de quienes ponen la cara para denunciar.
Ustedes son funcionarios públicos al servicio de la comunidad. No lo olviden. La ciudadanía no está para incomodarlos; está para recordarles que el poder público tiene límites, deberes y responsabilidades.
Y cuando quieran, les recordamos la cantidad de procesos cuyos resultados llevamos años esperando en esas entidades. Porque Risaralda se respeta, y la voz ciudadana no se apaga con una alarma.
¿Qué opinarán respecto a esto la fiscal Luz Adriana Camargo, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el procurador Gregorio Eljach?
