¿Qué ocurrió con el periodista Mateo Pérez en Briceño?
La confirmación del hallazgo del cuerpo de Mateo Pérez Rueda ha generado un profundo dolor en el gremio periodístico de Antioquia y Colombia. El joven comunicador, quien se encontraba desaparecido desde hace varios días en la zona rural de Briceño, fue víctima de un ataque directo por parte de grupos armados ilegales. Las primeras informaciones apuntan a que disidencias de las FARC, específicamente el Frente 36, serían los autores materiales de este lamentable homicidio que silencia una voz joven.
El periodista y estudiante de la Universidad de Antioquia se encontraba en la región realizando labores propias de su profesión y proyectos personales de investigación. La zona de Briceño ha sido históricamente un foco de conflicto por el control territorial de rutas de narcotráfico y minería ilegal. Su desaparición activó de inmediato las alarmas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de la comunidad académica.
Tras varios días de incertidumbre, una comisión humanitaria logró ingresar al sector conocido como El Pescado para realizar el levantamiento del cadáver. La dificultad del terreno y la presencia activa de actores armados complicaron las labores de rescate durante las jornadas previas. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para las diligencias de rigor que permitan esclarecer las causas exactas del deceso.
La noticia ha provocado el rechazo unánime de diversas instituciones, las cuales exigen garantías reales para el ejercicio del periodismo en las regiones más apartadas del país. Se ha señalado que Mateo era un joven comprometido con la narración de las realidades rurales de su departamento. Su muerte se suma a una trágica lista de ataques contra la prensa en territorios bajo influencia de grupos al margen de la ley.
Organismos como la FLIP y defensores de derechos humanos han manifestado que el asesinato de un periodista en estas condiciones representa un golpe a la democracia. La libertad de prensa en Antioquia se ve nuevamente amenazada por la violencia que no da tregua en el norte del departamento. La comunidad de Briceño, en medio del temor, ha guardado silencio por la fuerte presión de las estructuras criminales locales.
Desde El Expreso nos solidarizamos con la familia de Mateo y con todos los colegas que hoy lamentan su partida temprana y violenta. Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los comunicadores que intentan dar visibilidad a las problemáticas sociales en zonas de conflicto. El compromiso con la verdad sigue siendo una tarea de alto riesgo en diversas latitudes del territorio nacional.
¿Quiénes participaron en la recuperación del cuerpo?
La labor de recuperación no fue una tarea sencilla debido al orden público que impera en la zona rural del municipio de Briceño. Una comisión de carácter humanitario, integrada por representantes de la Iglesia Católica y defensores civiles, lideró el ingreso al sitio del hallazgo. Personajes como el reconocido fotoperiodista Jesús Abad Colorado y el abogado Sergio Mesa estuvieron involucrados en los esfuerzos por rescatar el cadáver de Mateo.
Jesús Abad Colorado, conocido por su histórica labor documentando el conflicto armado, expresó su indignación por la imposibilidad inicial de las autoridades para acceder al lugar. Según sus declaraciones, la zona estaba bajo el control absoluto de los armados, quienes impedían cualquier movimiento sin su previa autorización. La presencia de la comisión civil fue fundamental para mediar y lograr que el cuerpo no permaneciera abandonado.
El abogado Sergio Mesa relató la angustia vivida durante el proceso, denunciando que en un principio «nadie, absolutamente nadie» podía entrar al territorio. Este vacío de autoridad estatal permitió que las disidencias del Frente 36 impusieran su ley sobre el destino de los restos del periodista. La presión social y mediática fue lo que finalmente permitió el corredor humanitario para el rescate.
El proceso de extracción se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con el acompañamiento de líderes comunitarios que conocen la complejidad del terreno. El temor a que el cuerpo desapareciera o fuera enterrado en una fosa común fue una de las mayores preocupaciones de la familia. Gracias a la valentía de quienes integraron la comisión, se pudo dar un cierre digno a la búsqueda física del comunicador.
Las autoridades departamentales han sido cuestionadas por la demora en la reacción y la falta de control efectivo en los corredores rurales de Briceño. La zona es disputada por varios grupos que utilizan el terror como herramienta de control poblacional y censura informativa. El éxito de la misión humanitaria contrasta con la fragilidad de las instituciones en los puntos críticos del conflicto antioqueño.
El traslado del cuerpo hacia la ciudad de Medellín marca el inicio de una etapa judicial que busca dar con los responsables intelectuales y materiales. La comisión humanitaria cumplió su promesa de no dejar a Mateo en el olvido de la montaña, permitiendo que su familia pueda iniciar el proceso de duelo. La pregunta que queda en el aire es si el Estado podrá recuperar el control de estos territorios entregados a la ilegalidad.
¿Qué medidas se tomarán para proteger a los periodistas regionales?
El asesinato de Mateo Pérez Rueda reabre el debate sobre la efectividad de los esquemas de protección para comunicadores en Colombia. Muchos periodistas que operan en regiones críticas carecen de medidas de seguridad que realmente se adapten a la realidad del terreno.
La respuesta institucional suele ser la creación de mesas de seguimiento y comités que, en la práctica, poco logran para evitar los atentados. La urgencia radica en implementar sistemas de alerta temprana que funcionen con la rapidez que exigen las amenazas en tiempo real. La muerte de Mateo es un recordatorio de que los protocolos actuales han fallado en detectar y prevenir riesgos inminentes en zonas de conflicto.
Los gremios de prensa están solicitando que se fortalezca el rol de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en las zonas rurales del país. No basta con asignar chalecos o vehículos en las capitales; se requiere una inteligencia preventiva que desarticule los planes de los grupos armados contra la prensa. La libertad de expresión no puede ser una moneda de cambio en los diálogos de paz que se adelantan con estas estructuras.
Además de la seguridad física, es vital abordar el problema de la autocensura que se está instalando en las emisoras y periódicos locales de Antioquia. El miedo a represalias está silenciando las denuncias sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, creando zonas de sombra informativa. El Estado debe garantizar que los periodistas no se sientan solos frente al poder de los fusiles.
La investigación sobre el crimen de Mateo Pérez debe llegar hasta las últimas consecuencias para enviar un mensaje contra la impunidad. Cada ataque contra un periodista que queda sin castigo incentiva a los criminales a seguir utilizando la violencia como herramienta de censura. La sociedad civil también tiene el reto de rodear a sus comunicadores y valorar el servicio que prestan a la democracia.
