El bloqueo de la vía Quibdó–Pereira fue levantado tras una mesa de diálogo realizada en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Chocó, en la que participaron representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y delegados de dos organizaciones indígenas involucradas en un conflicto interno.
El cierre de este importante corredor vial obedecía a tensiones entre operadores indígenas relacionadas con la creación de la sede educativa Santa Isabel, situación que derivó en la interrupción del tránsito y afectaciones a la movilidad entre ambos departamentos.
De acuerdo con el balance entregado por la administración departamental, el primer acuerdo logrado fue la reapertura de la vía, lo que restablece la conexión terrestre entre Chocó y Risaralda, clave para el transporte de bienes, servicios y el desplazamiento de comunidades.
La Gobernación del Chocó aclaró que no existen incumplimientos en materia de pagos hacia los operadores involucrados. Según el reporte oficial, las cuentas radicadas están siendo tramitadas conforme a los procedimientos establecidos. En particular, el caso de la organización Embera Katío, cuya solicitud fue presentada recientemente, se encuentra en fase de revisión para su respectivo desembolso.
Como parte de los compromisos adquiridos durante la jornada de diálogo, ambas organizaciones acordaron realizar visitas a las comunidades de Mazurá y Dosquebradas durante el fin de semana. El objetivo de estos encuentros será escuchar de manera directa a las poblaciones involucradas y avanzar en la construcción de consensos frente al desarrollo del proyecto educativo.
Las autoridades departamentales reiteraron su papel como garantes y facilitadores del proceso, enfatizando la importancia de privilegiar los mecanismos de concertación para resolver este tipo de conflictos. Asimismo, hicieron un llamado a las comunidades indígenas a mantener abiertos los canales de diálogo y evitar nuevas vías de hecho que puedan afectar a terceros.
El levantamiento del bloqueo representa un avance en la resolución del conflicto, aunque las autoridades reconocen que el proceso de concertación continúa y será determinante para garantizar soluciones de fondo que respondan a las necesidades de las comunidades implicadas.
