El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba completa nueve días en medio de un deterioro del orden público y la suspensión de los diálogos entre autoridades y manifestantes. La situación ha generado bloqueos, desabastecimiento y una escalada de hechos violentos en varios municipios de la región.
En las últimas horas se registró la quema de al menos tres camiones en la vía entre Cáceres y Caucasia, luego de que fueran saqueados. A estos hechos se suman ataques a vehículos, afectaciones a la misión médica y el saqueo a establecimientos comerciales, lo que ha incrementado la tensión en el territorio.
Los bloqueos persisten en corredores clave, especialmente en la vía hacia Medellín, a la altura del corregimiento Puerto Bélgica. La interrupción del transporte ha provocado dificultades en el abastecimiento de alimentos y gas, particularmente en municipios como Nechí y Cáceres.
Ante este panorama, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ordenó la intervención de la Fuerza Pública con apoyo de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden para restablecer el control. El mandatario señaló que los hechos registrados superan los límites de la protesta pacífica y afectan a la población civil.
En contraste, voceros del paro minero aseguran que han sido objeto de presiones y cuestionan la intervención de las autoridades. La Mesa Minera del Bajo Cauca denunció presuntos hostigamientos y pidió garantías para continuar con las negociaciones y ejercer la protesta.
La mesa de diálogo se encuentra suspendida desde el lunes, tras los bloqueos y el aumento de los disturbios. Sin embargo, desde la Alcaldía de Caucasia se anunció que se solicitará formalmente al Gobierno nacional la reanudación de las conversaciones este 25 de marzo, con el objetivo de avanzar en acuerdos que permitan levantar el paro.
El alcalde de Caucasia, Johan Montes, señaló que quienes participan en la mesa son mineros tradicionales y expresó su expectativa de que los diálogos puedan retomarse en los próximos días. Mientras tanto, en municipios como Tarazá y Cáceres se han adoptado medidas como toque de queda, ley seca y restricciones al transporte de combustibles para contener la situación.
Con presencia de manifestantes en al menos cuatro puntos —Caucasia, Cáceres, Tarazá y El Bagre— y una creciente afectación a la movilidad y al abastecimiento, la región enfrenta un escenario de alta incertidumbre. El restablecimiento del orden y la reactivación del diálogo se mantienen como los principales retos para las autoridades y el Gobierno nacional.
