Un grupo de de 50 mujeres, entre periodistas, escritoras y abogadas, hizo pública una carta en la que señala al director de RTVC, Hollman Morris, de adelantar acciones sistemáticas para silenciar a mujeres que lo han denunciado por presunto acoso. El documento, difundido el 22 de marzo a través de redes sociales, ha intensificado el debate sobre violencia de género y uso de mecanismos judiciales en el país.
La carta, titulada “Las acciones que Hollman Morris, director de RTVC, ha adelantado sistemáticamente para silenciar a las mujeres que lo denuncian”, fue impulsada por figuras como María Jimena Duzán y cuenta con firmas de reconocidas voces como Jineth Bedoya Lima, María Elvira Samper y Patricia Nieto. En el texto se cuestiona el manejo de denuncias de acoso y se advierte sobre posibles prácticas de intimidación.
El eje central del pronunciamiento es el caso de Lina Marcela Castillo, exmilitante de Colombia Humana, quien en 2019 denunció públicamente a Morris por presunto acoso cuando este era concejal de Bogotá. Su testimonio, incluido en la carta, describe comentarios y conductas que calificó como inapropiadas en contextos laborales, lo que desencadenó un proceso judicial posterior.
Tras la denuncia, Morris interpuso una demanda por injuria y calumnia contra Castillo, proceso que actualmente avanza en la Fiscalía. Este hecho ha sido uno de los principales cuestionamientos de las firmantes, quienes consideran problemático que la investigación se centre en la denunciante y no en los hechos señalados.
El documento también advierte sobre una presunta estrategia de presión, al señalar que Morris habría asistido a audiencias acompañado de funcionarios de RTVC y utilizando símbolos institucionales. Además, plantea preocupaciones por un supuesto respaldo político desde el Gobierno nacional, lo que, según las firmantes, podría incidir en el desarrollo del caso.
En medio de la controversia, la fiscal general Luz Adriana Camargo anunció el cambio del fiscal encargado del proceso contra Castillo. El expediente pasó a manos de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con la instrucción de aplicar un enfoque de género en el análisis del caso.
Camargo explicó que la decisión busca garantizar que se evalúe el contexto de las denuncias por presuntas violencias basadas en género y evitar efectos inhibitorios contra las víctimas. También recordó que la jurisprudencia constitucional reconoce el “escrache” como una forma de expresión protegida, especialmente en asuntos de interés público.
La carta concluye con un llamado a la justicia para que garantice un proceso con enfoque de género y respete el derecho de las mujeres a denunciar. El pronunciamiento se da en un contexto más amplio de denuncias sobre acoso y abuso de poder en medios de comunicación, lo que mantiene abierto el debate sobre las garantías para las víctimas y el uso de mecanismos judiciales en estos casos.
