La muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, volvió a poner en el centro del debate las fallas en el acceso a medicamentos dentro del sistema de salud colombiano. El paciente falleció el pasado 14 de marzo en Tunja, luego de varios meses esperando un tratamiento que nunca llegó a tiempo.
Desde octubre de 2025, los médicos habían ordenado la aplicación de blinatumomab, una inmunoterapia clave dentro de su proceso terapéutico. Sin embargo, pese a contar con un fallo de tutela a su favor y a haber instaurado un incidente de desacato por el incumplimiento, el joven nunca recibió el medicamento por parte de la Nueva EPS.
Días antes de su fallecimiento, el propio Jeisson había denunciado públicamente su situación, señalando que su vida estaba en riesgo por la falta del tratamiento. Afirmó que, a pesar de acudir a diferentes instancias, incluyendo llamados de la Superintendencia de Salud, no obtuvo una respuesta efectiva.
El caso también evidencia fallas en la continuidad de la atención. Tras una recaída, la quimioterapia que recibía dejó de ser suficiente, por lo que la inmunoterapia se volvió indispensable para estabilizar su condición y avanzar hacia un eventual trasplante de médula ósea, considerado una posible opción curativa.
Tras conocerse su muerte, la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma aseguró que se trataba de una enfermedad tratable y que el desenlace pudo haberse evitado. Según la organización, el medicamento solicitado era fundamental para controlar la recaída y ofrecer una oportunidad terapéutica al paciente.
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo calificó el caso como “desgarrador” y señaló que una respuesta oportuna habría podido marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, advirtió que la situación refleja problemas estructurales en la entrega de medicamentos y en la red de dispensación.
El caso de Jeisson ya había sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de una denuncia que incluye a al menos 15 pacientes con enfermedades hematológicas que no estarían recibiendo tratamientos de manera oportuna, en su mayoría usuarios de la Nueva EPS.
A la par, la familia del joven denunció que la autorización del medicamento llegó tres días después de su fallecimiento. Su padre aseguró que las demoras en autorizaciones y entregas impidieron incluso la posibilidad de un trasplante, mientras que sus allegados hicieron llamados al Gobierno Nacional para que se adopten medidas que eviten que casos similares se repitan.
