La Fiscalía General de la Nación dejó en libertad a Óscar Ojeda Durán, conocido como alias ‘Leopoldo Durán’, jefe negociador del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) de las FARC-EP, luego de verificar que las órdenes de captura en su contra se encuentran suspendidas desde 2023 por su participación en el proceso de diálogos con el Gobierno Nacional.
El negociador fue detenido el 22 de febrero en un puesto de control de la Policía Nacional cuando se movilizaba en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El procedimiento se realizó en el departamento del Guaviare, en medio de la verificación rutinaria de antecedentes.
Durante la revisión, las autoridades encontraron vigente una circular azul de Interpol. Este mecanismo permite ubicar e identificar a una persona dentro de una investigación penal, pero no constituye por sí mismo una orden de captura internacional obligatoria, a diferencia de la circular roja.
Según la información conocida del caso, Ojeda Durán es requerido por investigaciones relacionadas con financiación del terrorismo, administración de recursos provenientes de actividades terroristas y un proceso por lavado de activos. La alerta internacional estaba asociada a este último expediente.
Tras la detención, la Fiscalía evaluó su situación jurídica y confirmó que las órdenes de captura de carácter nacional fueron suspendidas mediante la Resolución 0376, expedida en el marco de la política de Paz Total. Esa medida le otorga beneficios jurídicos temporales mientras actúe formalmente como representante en la mesa.
Con base en esa verificación, una fiscal especializada ordenó levantar el acta correspondiente y autorizar la continuación de su desplazamiento, dejando sin efecto la retención. La decisión permitió que el negociador retomara sus actividades dentro del proceso.
La delegación de las disidencias confirmó tanto la detención como la posterior liberación y señaló que cuenta con resolución que le permite movilizarse por su condición de negociador. Por su parte, la mesa de diálogos entre el Gobierno y el EMBF reiteró que el proceso continúa activo.
La suspensión de las órdenes de captura no implica el cierre de los procesos judiciales en su contra, sino una medida temporal condicionada a la permanencia y cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro de la negociación.
