El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció la apertura de investigaciones formales contra tres importantes distritos escolares del Estado por presuntamente permitir o facilitar protestas estudiantiles contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las nuevas indagaciones se suman a un proceso ya iniciado contra el Distrito Escolar Independiente de Austin (Austin ISD), tras una serie de “walkouts” organizados por estudiantes en rechazo a operativos migratorios recientes.
El 30 de enero, alumnos de una decena de campus del Austin ISD abandonaron las aulas y marcharon hacia el Capitolio estatal en señal de protesta. En las semanas siguientes, movilizaciones similares se replicaron en San Antonio, Dallas, Waco, El Paso, Houston y Fort Worth. Según el fiscal Paxton, en algunos distritos “la administración y el personal ayudaron a organizar las protestas” y no garantizaron la seguridad ni minimizaron la interrupción académica. Por ello, exigió la entrega de documentos relacionados con políticas de salida del campus, ausencias justificadas, protocolos de seguridad, comunicaciones internas y uso de fondos públicos. “No permitiré que las escuelas de Texas se conviertan en caldos de cultivo para la agenda de fronteras abiertas de la izquierda radical”, afirmó Paxton en un comunicado.
El gobernador Greg Abbott respaldó la línea dura y advirtió que podría retirarse la financiación estatal a los distritos que permitan este tipo de paros. La Agencia de Educación de Texas señaló además que los estudiantes que abandonen el campus serán considerados ausentes y que los docentes que faciliten manifestaciones podrían enfrentar sanciones, incluida la pérdida de su licencia. Dos semanas después de iniciar la investigación contra Austin ISD, la oficina de Paxton amplió las indagaciones a los distritos del Noreste de San Antonio, Dallas y Manor.
El superintendente de Austin ISD, Matias Segura, negó que el distrito haya respaldado las protestas. “Salvo restringir físicamente a los estudiantes, no podemos evitar que se vayan”, señaló, recordando que la ley estatal no autoriza el uso de la fuerza para obligar a la asistencia escolar. El distrito del Noreste de San Antonio confirmó que coopera con la investigación, mientras que Manor aseguró que su personal siguió los protocolos establecidos y priorizó la seguridad estudiantil.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas expresó su respaldo a los jóvenes manifestantes. Adriana Piñón, directora legal de la organización en el Estado, sostuvo que “los estudiantes conservan sus derechos de libre expresión al entrar a sus escuelas” y calificó de inconstitucional cualquier amenaza de represalias por protestas pacíficas. Abogados de la organización recordaron que los boicots y “walkouts” han sido históricamente formas reconocidas de participación cívica en Estados Unidos y que ni estudiantes ni educadores pierden sus derechos constitucionales dentro de las instituciones educativas.
El caso abre un nuevo frente en el debate sobre los límites entre disciplina escolar, autoridad estatal y libertad de expresión. Mientras el Gobierno de Texas sostiene que debe garantizarse el orden y la seguridad en los planteles, organizaciones civiles advierten que las investigaciones podrían tener un efecto disuasorio sobre la participación política estudiantil.
