El Gobierno nacional activó una junta de inteligencia para evaluar los informes que dieron lugar al retiro del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza de la Policía Nacional, en medio de denuncias sobre un presunto complot contra el presidente Gustavo Petro.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, tras conocerse un documento que señalaba la posible existencia de un plan para afectar la seguridad del jefe de Estado, se ordenó la activación de protocolos de inteligencia y contrainteligencia con el fin de verificar la autenticidad y alcance de la información. Según indicó, cualquier decisión adicional dependerá de la valoración técnica que realice la junta y del análisis que posteriormente haga el presidente en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
El retiro de Urrego fue formalizado mediante decreto bajo la figura de llamamiento a calificar servicios, mecanismo administrativo que permite la salida del oficial conservando su grado y derechos prestacionales. La decisión se produjo después de que el presidente hiciera referencia pública a la existencia de un supuesto intento de sabotaje relacionado con un encuentro internacional y con un allanamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia a la residencia del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.
El general Urrego rechazó las acusaciones y aseguró que su salida obedece a información falsa. Sostuvo que iniciará acciones judiciales para defender su buen nombre y solicitó que se investigue el origen de los datos que motivaron su retiro.
En paralelo, el abogado José Fernando Picalúa Ochoa denunció ante la Fiscalía que su identidad habría sido utilizada sin autorización en documentos anónimos enviados a entidades oficiales. El jurista afirmó que no presentó las denuncias que se le atribuyen y pidió que no se adelanten actuaciones basadas en información que considera irregular.
El ministro Sánchez advirtió que el caso evidencia la gravedad de la desinformación y recordó que él mismo ha sido objeto de montajes en el pasado. Asimismo, señaló que se están verificando otros elementos, incluidos presuntos documentos de contrainteligencia y un informe forense elaborado por una firma privada, cuya autenticidad está en revisión.
Respecto al allanamiento practicado a la residencia de Benedetti, el titular de Defensa indicó que la diligencia fue ordenada por autoridad judicial competente y que cualquier evaluación sobre posibles irregularidades corresponde al ente investigador.
Con la junta de inteligencia en funcionamiento y varias piezas documentales bajo análisis, el caso permanece abierto. Las autoridades han reiterado que las conclusiones oficiales dependerán de los hallazgos técnicos y que cualquier decisión futura se adoptará con base en la información consolidada.
