Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia como presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá S.A. E.S.P., en medio de la emergencia invernal que afecta al departamento de Córdoba y luego de los fuertes cuestionamientos del Gobierno Nacional por el manejo del embalse. La dimisión fue presentada ante la junta directiva de la compañía y se produce pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara públicamente su salida y anunciara una investigación penal.
Según información revelada por El Tiempo, la renuncia habría sido solicitada directamente por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, tras la polémica generada por los vertimientos de agua que, según el Gobierno, habrían agravado las inundaciones en Córdoba y otras regiones del Caribe.
En su carta de renuncia, Acevedo Rocha aseguró que actuó conforme a la ley y que su decisión responde a una reflexión personal, institucional y ética. “Durante más de 33 años he estado vinculado a URRÁ, acompañando su construcción, su operación y su consolidación como una empresa estratégica para la región y para el país”, señaló, al tiempo que manifestó que no busca polemizar ni confrontar al presidente Gustavo Petro, a quien expresó respeto institucional y personal.
El exfuncionario explicó que su salida busca evitar que su permanencia en el cargo desvíe la atención de la emergencia que enfrentan las comunidades de Córdoba. “Por coherencia con los principios de defensa de lo público, la equidad social y la protección de los más vulnerables, he considerado que lo más responsable es apartarme del encargo”, afirmó, insistiendo en que el debate no debe escalar hacia confrontaciones institucionales.
La renuncia aplica únicamente al cargo de presidente encargado y no implica su salida definitiva de la empresa. Acevedo había sido nombrado en ese puesto el 28 de mayo de 2025.
La controversia se intensificó luego de que el presidente Petro acusara públicamente a Urrá de mantener el embalse por encima de los niveles permitidos durante los últimos meses, lo que habría obligado a realizar descargas que, según el mandatario, agravaron las inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar. Incluso, el jefe de Estado calificó la situación como un posible “delito ambiental”.
En medio de este escenario, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció indagaciones preliminares para revisar la gestión de los embalses por parte de los agentes generadores del Sistema Interconectado Nacional. La entidad evalúa el comportamiento operativo y comercial de los embalses, los volúmenes de almacenamiento y el cumplimiento de los planes de gestión del riesgo, en el marco de la crisis climática que golpea al país.
