La Contraloría General de la República alertó que la propuesta del Gobierno de reducir la inversión en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias podría afectar la rentabilidad del ahorro pensional y disminuir el valor de las mesadas futuras para millones de afiliados.
El pronunciamiento se da tras el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que plantea reducir de forma gradual el límite de inversión internacional de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pasando del 49 % actual al 35 % en los primeros tres años y al 30 % en un periodo de cinco años. El documento permanece abierto a comentarios hasta el 4 de febrero.
Según el análisis del ente de control, esta medida implicaría una repatriación significativa de recursos. Para 2028, cuando el tope sería del 35 %, se trasladarían al país cerca de 100 billones de pesos, y para 2030, con un límite del 30 %, la cifra ascendería a aproximadamente 177 billones.
La Contraloría advirtió que no existe certeza sobre la capacidad del mercado local para absorber ese volumen de inversión, lo que aumentaría los riesgos para el ahorro previsional. Recordó además que, históricamente, las inversiones internacionales han ofrecido mayores rendimientos y mejor diversificación del riesgo que las realizadas exclusivamente en Colombia.
El informe señala que, desde la implementación del esquema de multifondos, un portafolio moderado —con activos nacionales e internacionales— ha registrado una rentabilidad promedio anual del 8,5 %, mientras que un portafolio invertido solo en el mercado interno habría obtenido cerca del 3,8 %. Como ejemplo, un millón de pesos invertido en activos internacionales en 2011 habría alcanzado hoy alrededor de 3,2 millones de pesos, frente a 1,67 millones si se hubiera mantenido únicamente en Colombia.
De acuerdo con las proyecciones del organismo, limitar la diversificación internacional podría reducir la mesada pensional hasta en un 29,5 % para quienes se jubilen bajo el nuevo esquema. Además, la menor rentabilidad incrementaría la presión sobre las finanzas públicas, ya que el Estado tendría que cubrir el faltante para garantizar las pensiones, especialmente en el contexto de la reforma pensional actualmente en revisión por la Corte Constitucional.
La Contraloría concluyó que las decisiones sobre la localización de estos recursos deben priorizar la sostenibilidad del sistema y la protección del patrimonio de los afiliados, manteniendo abierto el debate técnico y público sobre el alcance del decreto.
