La muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en agosto de 2025 y fue hallada sin vida días después cerca de su colegio en Cajicá, entra en una fase decisiva en el ámbito judicial. La defensa de la familia solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación la imputación de cargos por homicidio agravado en modalidad dolosa contra la rectora del Gimnasio Campestre Los Laureles y dos docentes del plantel.
El pedido fue radicado a través de un documento de 68 páginas, en el que el abogado Julián Quintana sostiene que el material probatorio recaudado permite establecer una responsabilidad por omisión de quienes tenían el deber jurídico de proteger a la menor. Según la solicitud, la rectora Sonia Inés Ochoa, como máxima autoridad institucional, habría tolerado fallas estructurales en los protocolos de custodia y vigilancia, pese a conocerlas.
En el caso de los docentes Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón Perilla, la defensa señala incumplimientos concretos en los deberes de control. Uno de ellos habría permitido la salida de Valeria del aula sin activar los mecanismos de protección, y el otro habría advertido una situación irregular sin intervenir oportunamente.
Valeria fue reportada como desaparecida el 12 de agosto de 2025. Tras 18 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el 29 de agosto en el río Frío, a pocos cientos de metros del colegio. Medicina Legal concluyó que la causa de la muerte fue ahogamiento por sumersión, sin evidencias de violencia física, y estableció que el fallecimiento ocurrió en una fecha cercana a la desaparición.
Paralelo al proceso penal, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una suspensión provisional de actividades en la zona del colegio colindante con el río, al identificar incumplimientos ambientales y modificaciones no autorizadas dentro de la ronda hídrica. Para la defensa de la familia, esta decisión refuerza la tesis de que la institución no ofrecía garantías adecuadas de seguridad para los estudiantes.
Mientras la Fiscalía evalúa si convoca las audiencias de imputación, el caso de Valeria Afanador continúa generando preguntas de fondo sobre la responsabilidad institucional, los protocolos de cuidado en entornos escolares y los límites de la omisión cuando el deber de protección recae sobre autoridades educativas.
