España vive una de sus peores tragedias ferroviarias de los últimos años tras el choque y descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, al sur del país. El accidente, ocurrido en la noche del domingo en zona rural del municipio de Adamuz, deja al menos 39 personas muertas y decenas de heridos, varios de ellos en estado grave.
Según información oficial, un tren de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid con cerca de 300 pasajeros a bordo, descarriló en sus últimos vagones e invadió la vía contigua, donde circulaba en sentido contrario un convoy de Renfe con destino a Huelva. El impacto provocó que ambos trenes se salieran de la vía, y que algunos vagones del segundo cayeran por una ladera, complicando las labores de rescate.

Los servicios de emergencia atendieron a más de un centenar de personas y mantienen hospitalizados a decenas de heridos, entre ellos varios menores. Equipos de bomberos, Guardia Civil, protección civil y la Unidad Militar de Emergencias trabajan desde el primer momento en la zona, donde los restos retorcidos de los vagones han dificultado el acceso a las víctimas.
Las autoridades españolas calificaron el siniestro como “tremendamente extraño”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó que el accidente ocurrió en un tramo recto y en una vía recientemente renovada, y señaló que las causas aún no han sido determinadas. Por su parte, responsables del sistema ferroviario descartaron, de momento, un error humano y apuntaron a posibles fallas técnicas en el material rodante o en la infraestructura.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios asumió el caso y advirtió que el esclarecimiento de lo ocurrido podría tardar varias semanas. Mientras tanto, se suspendió la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y se habilitaron puntos de atención para familiares de las víctimas en varias estaciones del país.
El impacto del accidente generó una inmediata reacción institucional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda y se desplazó al lugar, mientras que los reyes Felipe VI y Letizia anunciaron su regreso anticipado a España. Mensajes de condolencia y solidaridad también llegaron desde líderes europeos y distintas fuerzas políticas.
La tragedia reabre el debate sobre la seguridad ferroviaria en un país que cuenta con la red de alta velocidad más extensa de Europa y que no enfrentaba un accidente de esta magnitud desde el ocurrido en Santiago de Compostela en 2013.

