El incremento del salario mínimo para 2026 ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles del país: cómo mejorar el ingreso de los trabajadores sin generar efectos adversos sobre el empleo, la inflación y la sostenibilidad económica. Mientras desde el Gobierno se defiende el aumento como una medida necesaria para dignificar el ingreso familiar, sectores de la oposición advierten riesgos estructurales que, aseguran, no han sido explicados con suficiente claridad.
Las posiciones encontradas quedaron reflejadas en los recientes pronunciamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, quienes expusieron argumentos opuestos sobre los efectos del alza salarial.
Desde el Ejecutivo, el ministro Benedetti ha sostenido que el debate sobre el salario mínimo debe partir de una noción básica: la capacidad real de una familia para cubrir sus necesidades esenciales. Según explicó, el costo de la canasta familiar para cuatro personas ronda los 3,2 millones de pesos mensuales, un gasto que, en la mayoría de los hogares, recae sobre una o dos personas. En ese contexto, afirmó que el salario mínimo debería acercarse a los dos millones de pesos para responder a esa realidad.
Benedetti aseguró que el aumento salarial también responde a una presión legítima de los trabajadores, quienes buscarán mejorar su ingreso en un escenario económico que, según el Gobierno, muestra señales positivas. En ese sentido, rechazó los argumentos que advierten un impacto inflacionario generalizado, al señalar que el mercado tiene límites claros frente a la capacidad de pago de los consumidores y que los precios no pueden incrementarse de forma automática sin afectar la demanda.
El ministro insistió en que el Gobierno ha sido objeto de críticas injustificadas y defendió su gestión económica al señalar que la inflación se mantiene controlada, el desempleo ha disminuido y la economía muestra crecimiento. A su juicio, aunque no todos los salarios deban ajustarse en el mismo porcentaje, el aumento del mínimo sí mejorará el poder adquisitivo de una parte importante de la población.
Frente a las advertencias sobre un posible aumento de la informalidad, Benedetti cuestionó el papel de los sectores empresariales en el debate, al considerar que no representan a la mayoría de las familias del país. Además, afirmó que la discusión alrededor del salario mínimo ha amplificado el mensaje del Gobierno sobre un cambio en el modelo económico.
En contraste, la senadora Paloma Valencia expresó su preocupación por las consecuencias económicas del aumento decretado por el Gobierno. A través de un pronunciamiento público, sostuvo que, aunque el deseo de mejorar los ingresos de los colombianos es legítimo, la riqueza no se genera únicamente por decreto y debe estar respaldada por un crecimiento económico real.
Valencia cuestionó que el debate se haya planteado como una confrontación entre empresarios y trabajadores, y aseguró que ambos dependen de un entorno económico que permita generar empleo y productividad de manera sostenible. Desde su perspectiva, un aumento salarial que no esté acompañado por un fortalecimiento de la economía corre el riesgo de diluirse rápidamente por el alza de los precios.
La senadora también vinculó el debate del salario mínimo con el tamaño del Estado y el gasto público. En su intervención, señaló que una parte considerable de los recursos se destina a burocracia e ineficiencias administrativas, recursos que, en su opinión, deberían orientarse a mejorar la seguridad, los bienes públicos y el bienestar de las comunidades.
Para Valencia, el desafío no es únicamente fijar un salario más alto, sino crear las condiciones económicas que permitan que ese ingreso tenga un impacto real y duradero en la calidad de vida de los trabajadores, sin poner en riesgo el empleo ni la estabilidad fiscal.
¿Usted qué opina?
