El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una propuesta de ley de amnistía dirigida a los militares que participaron en los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos en noviembre de 1985. El exmandatario argumentó que esta iniciativa busca “reparar una injusticia histórica” y “proteger el honor de las Fuerzas Armadas”, insistiendo en que los uniformados actuaron en cumplimiento de su deber y bajo órdenes legítimas del Estado. Durante un encuentro con simpatizantes en Medellín, Uribe afirmó que muchos de los procesados por estos hechos “han sido condenados injustamente por cumplir su deber constitucional”, y añadió que la medida no busca desconocer el dolor de las víctimas, sino equilibrar la aplicación de la justicia frente a un conflicto armado complejo.
La propuesta se da en medio de un debate que revive heridas históricas. Los hechos del Palacio de Justicia dejaron más de un centenar de muertos, entre ellos magistrados, civiles y militares. Aunque la responsabilidad del grupo insurgente M-19 ha sido ampliamente documentada, diversas sentencias de la justicia colombiana también han señalado violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del Ejército durante la retoma del edificio. Uribe sostuvo que su proyecto “no pretende borrar los delitos graves”, sino ofrecer una salida jurídica para quienes, según él, “fueron juzgados con criterios políticos y no jurídicos”.
Los argumentos de Uribe y el alcance de la propuesta
El expresidente explicó que la ley de amnistía se aplicaría exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública implicados en los operativos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Según su planteamiento, quedarían excluidos los casos de desapariciones forzadas, torturas o ejecuciones extrajudiciales, por tratarse de delitos de lesa humanidad no amnistiables bajo el derecho internacional. Uribe insistió en que el objetivo es “restablecer la confianza entre el Estado y sus soldados”, asegurando que la justicia transicional debe ser equitativa y no parcial.
Durante su intervención, el exmandatario recordó que durante su gobierno se aprobaron medidas de reintegración para guerrilleros y desmovilizados, pero que los militares “no recibieron el mismo trato”, a pesar de haber defendido las instituciones. “Aquí se ha premiado al terrorismo y se ha castigado a quienes lo enfrentaron”, dijo Uribe, al tiempo que pidió al Congreso estudiar su propuesta con “patriotismo y sentido de justicia”. Agregó que la iniciativa busca “dar ejemplo de reconciliación desde el respeto a las Fuerzas Armadas”.
Reacciones y debate político en torno a la iniciativa
La propuesta generó reacciones encontradas. Algunos sectores del Centro Democrático respaldaron la idea, afirmando que es una oportunidad para corregir “errores judiciales” y reconocer el sacrificio de los uniformados. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y representantes de las víctimas expresaron su rechazo, al considerar que la amnistía podría significar un retroceso en la búsqueda de verdad y justicia. La Comisión de la Verdad, en su informe final, había señalado la importancia de mantener la responsabilidad individual de todos los actores del conflicto, sin excepciones basadas en su rol institucional.
Analistas jurídicos señalaron que el proyecto enfrentaría obstáculos constitucionales, ya que el bloque de constitucionalidad prohíbe amnistiar crímenes de guerra o violaciones graves de derechos humanos. Además, recordaron que Colombia tiene compromisos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos del Palacio de Justicia, lo que limitaría la aplicación de una amnistía de este tipo. Pese a ello, Uribe defendió su iniciativa alegando que “no se trata de desconocer las normas internacionales, sino de interpretarlas con justicia y sentido patriótico”.
¿Qué impacto tendría esta amnistía en la justicia y las víctimas?
La discusión sobre la propuesta de ley de amnistía abre un nuevo capítulo en el debate sobre la memoria histórica y la responsabilidad del Estado. Para las víctimas, el riesgo radica en que se debilite la garantía de no repetición y se limite el derecho a la verdad. Para los sectores cercanos a Uribe, en cambio, se trata de una reivindicación moral para quienes “fueron convertidos en chivos expiatorios del conflicto”.
El futuro de la iniciativa dependerá de su acogida en el Congreso de la República, donde se anticipa un debate intenso entre defensores de la justicia transicional y quienes priorizan la reparación simbólica de los militares. En un país aún marcado por las heridas del pasado, la pregunta de fondo sigue siendo si una amnistía parcial puede contribuir a la reconciliación o si, por el contrario, reabre una fractura que la sociedad colombiana no ha logrado cerrar. ¿Será posible equilibrar justicia y perdón sin sacrificar la verdad?
