El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que Estados Unidos ha cometido presuntas ejecuciones extrajudiciales en operaciones contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, exigiendo el cese inmediato de estas acciones. Según Naciones Unidas, los ataques han dejado al menos 62 muertos, muchos de los cuales serían pescadores civiles y no miembros de organizaciones criminales. Türk afirmó que estas muertes “carecen de justificación dentro del derecho internacional” y pidió investigaciones independientes y transparentes.
Naciones Unidas cuestiona la legalidad de las operaciones
El comunicado del Alto Comisionado califica los ataques de Washington como “inaceptables” y señala que ninguna de las víctimas representaba una amenaza inminente a la vida. La ONU advierte que la fuerza letal solo es admisible como último recurso y dentro de los límites que imponen las normas internacionales sobre derechos humanos. El organismo subraya que las operaciones estadounidenses violan los principios del uso proporcional de la fuerza, al tratarse de acciones ejecutadas fuera de un contexto de guerra declarada o de legítima defensa inmediata.
Contexto político y regional de las acusaciones
Las operaciones en cuestión se desarrollan en medio de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Washington argumenta que los ataques forman parte de un dispositivo de seguridad contra los cárteles latinoamericanos, a los que califica como “organizaciones terroristas”. Incluso se autorizaron operaciones de la CIA en territorio venezolano, con acusaciones directas hacia Nicolás Maduro por supuestamente participar en el tráfico de drogas hacia el norte. No obstante, la ONU advierte que el combate al narcotráfico no puede justificar violaciones a los derechos humanos ni la ejecución sumaria de sospechosos.
¿Qué exige la ONU ante las ejecuciones denunciadas?
El Alto Comisionado solicita que Estados Unidos suspenda los ataques y rinda cuentas ante la comunidad internacional. Además, exige investigaciones rápidas, independientes y transparentes que determinen la responsabilidad de los mandos militares y civiles involucrados. Türk reiteró que “enfrentar el tráfico ilegal de drogas es un asunto de cumplimiento de la ley, pero debe respetar los estándares del derecho internacional humanitario”. Según el organismo, el patrón de ataques y el secretismo de las autoridades norteamericanas generan dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y uso legítimo de la fuerza.
