La explosión de un coche bomba frente a un centro comercial en Guayaquil ha sacudido nuevamente a Ecuador, un país que enfrenta una creciente ola de violencia vinculada al narcotráfico y la inseguridad urbana. El atentado, ocurrido la tarde del martes 15 de octubre, dejó al menos ocho personas heridas y graves daños materiales en la zona, generando pánico entre los ciudadanos y reavivando el debate sobre la capacidad del Estado para controlar la crisis de seguridad.
De acuerdo con las autoridades, el vehículo cargado con explosivos fue detonado cerca de un estacionamiento del centro comercial Mall del Sur, uno de los más concurridos de la ciudad portuaria. Testigos relataron que la detonación se escuchó a varios kilómetros de distancia y provocó el colapso de vidrios y fachadas en locales cercanos. La Policía Nacional de Ecuador y equipos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acordonaron la zona mientras los especialistas en explosivos realizaban la investigación preliminar.
El atentado y la respuesta inmediata del gobierno
El presidente Daniel Noboa condenó el ataque y lo calificó como “un acto terrorista que busca sembrar miedo en la población”. El mandatario ordenó reforzar los controles militares en Guayas, Esmeraldas y Manabí, provincias donde se concentran los mayores índices de criminalidad.
El Ministerio del Interior informó que las primeras hipótesis apuntan a que el atentado estaría relacionado con grupos delictivos vinculados al narcotráfico que operan en la costa ecuatoriana. Estas organizaciones han protagonizado múltiples ataques desde que el gobierno intensificó los operativos contra sus estructuras tras declarar al país en “conflicto armado interno” a inicios de 2024.
El portavoz de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, aseguró que las investigaciones preliminares revelan el uso de material explosivo de alto poder, similar al empleado en otros ataques recientes contra comisarías y centros penitenciarios. Las autoridades no descartan que el objetivo haya sido “intimidar a la población civil y desafiar las acciones del Estado en materia de seguridad”.
Guayaquil: epicentro de la violencia y el miedo
La ciudad de Guayaquil, considerada el motor económico del país, se ha convertido en el epicentro de la violencia en Ecuador. Durante los últimos meses, la urbe ha sido escenario de múltiples atentados con explosivos, enfrentamientos armados y ataques a instituciones públicas.
Desde enero de 2025, las autoridades registran más de 1.800 homicidios solo en la provincia del Guayas, una cifra que refleja la magnitud de la crisis de seguridad. Las bandas criminales, como Los Choneros, Los Lobos y Tiguerones, han extendido su influencia en barrios populares, puertos y zonas industriales, aprovechando la debilidad del sistema penitenciario y la falta de control estatal en sectores clave.
Tras el atentado, el gobierno anunció que enviará refuerzos militares a los principales accesos de Guayaquil y que se mantendrá el estado de excepción decretado en agosto. Además, se dispuso la instalación de puntos de control en las vías que conectan con la costa y un aumento de los patrullajes en áreas comerciales y turísticas.
Reacciones ciudadanas y consecuencias políticas
El ataque provocó una ola de indignación entre los habitantes de Guayaquil, quienes exigen mayor presencia policial y medidas más contundentes contra el crimen organizado. Comerciantes de la zona afectada denunciaron pérdidas millonarias y expresaron temor de que nuevos atentados afecten la reactivación económica local.
El alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, calificó la situación como “insostenible” y pidió al Gobierno nacional “una coordinación real con los municipios” para proteger a la población. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, por su parte, manifestaron preocupación por el uso prolongado de la militarización como estrategia de control, advirtiendo sobre posibles abusos y violaciones de derechos fundamentales.
En el ámbito político, la oposición responsabilizó al Ejecutivo por no lograr resultados concretos tras varios meses de emergencia nacional. Analistas señalan que este nuevo atentado podría intensificar la presión sobre Noboa, cuya administración enfrenta críticas por su manejo de la seguridad y la economía.
¿Un punto de quiebre en la lucha contra el crimen organizado?
El atentado con coche bomba en Guayaquil podría marcar un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del Estado ecuatoriano. Expertos advierten que el país enfrenta una narcoguerra interna, donde las bandas locales operan con tácticas propias del terrorismo y reciben apoyo logístico de carteles internacionales.
La escalada de violencia evidencia que los esfuerzos gubernamentales aún no logran contener la expansión del crimen organizado. Pese a los operativos militares y la intervención en las cárceles, la respuesta de las estructuras criminales ha sido cada vez más violenta, extendiendo su dominio a zonas urbanas estratégicas.
Mientras el país se debate entre el miedo y la incertidumbre, el atentado en Guayaquil se suma a una lista de episodios que han puesto a Ecuador en el foco de atención internacional. La gran pregunta que queda abierta es si el Gobierno podrá recuperar el control del territorio antes de que la espiral de violencia se vuelva irreversible.
