El asesinato del médico del Inpec Julián Campos Giraldo dentro de la cárcel de Villahermosa, en Cali, ha encendido las alarmas de las autoridades nacionales. El crimen, ocurrido en medio de un ambiente de amenazas y tensiones internas, ha revelado lo que funcionarios describen como un “pacto de silencio” dentro del penal. Según las primeras investigaciones, detrás de la muerte del profesional podría haber una disputa mafiosa entre poderosos capos recluidos en diferentes cárceles del país, incluyendo Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca.
El hecho ha sido vinculado a un supuesto “plan pistola” contra los funcionarios del Inpec, una estrategia de retaliación impulsada por estructuras criminales que buscan controlar el poder al interior de los penales. Las amenazas, los panfletos intimidatorios y la circulación de granadas en distintos centros carcelarios confirman que los tentáculos del crimen organizado han alcanzado a la institución encargada de custodiar a los reclusos.
Un crimen que sacude al sistema penitenciario
El doctor Julián Campos Giraldo, de 39 años, fue asesinado el pasado 4 de octubre dentro de la cárcel de Villahermosa, donde ejercía su labor médica. El ataque, según fuentes judiciales, fue ejecutado con precisión y dentro de una zona de seguridad del penal, lo que plantea serios cuestionamientos sobre cómo los responsables lograron acceder hasta él. El cuerpo médico había reportado previamente amenazas, y varios de sus compañeros afirman que existía un ambiente de miedo generalizado ante el aumento de intimidaciones contra el personal.
El Inpec, bajo la dirección del coronel Daniel Gutiérrez, ha confirmado que el caso se investiga en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, fuentes internas aseguran que los funcionarios temen hablar. “Hay un pacto de silencio, porque nadie quiere ser el siguiente”, comentó un trabajador del penal que pidió reserva de su identidad.
La cárcel de Villahermosa, con más de 5.000 internos, ha sido escenario de múltiples hechos violentos en los últimos meses. En agosto, se registraron explosiones de granadas en inmediaciones del penal, y se hallaron panfletos firmados por grupos delincuenciales que anunciaban una “purga interna” contra guardias y directivos.
Disputas entre capos y amenazas en cadena
Las autoridades relacionan el asesinato de Campos Giraldo con una serie de amenazas provenientes de las bandas lideradas por Pipe Tuluá, alias Dimax y Chingapipe, todos con influencia en las cárceles del suroccidente del país. Estas organizaciones estarían enfrentadas por el control del microtráfico y los negocios ilegales dentro de los penales.
De acuerdo con información de inteligencia, los enfrentamientos entre estos cabecillas no se limitan al Valle. Existen reportes de retaliaciones cruzadas entre internos de La Picota en Bogotá y de La Modelo, en Medellín, que formarían parte de una red de poder criminal con alcance nacional.
El “plan pistola” —una táctica que ya se ha utilizado en el pasado contra policías y funcionarios judiciales— habría sido reactivado como respuesta a los traslados de algunos jefes de patio y el endurecimiento de medidas disciplinarias dentro del sistema penitenciario. Varios directivos del Inpec en Cali y Tuluá se encuentran bajo protección policial, mientras que otros han solicitado traslados urgentes por motivos de seguridad.
En medio de esta situación, los sindicatos del Inpec han denunciado que no existen garantías para el personal y que la violencia dentro de las cárceles ha alcanzado niveles sin precedentes. “Estamos siendo blanco de una guerra silenciosa”, señaló un vocero sindical.
¿Hasta dónde llega el pacto de silencio?
El término “pacto de silencio” se ha convertido en la expresión que resume el miedo institucional que domina la cárcel de Villahermosa. Funcionarios y reclusos parecen compartir una consigna: no hablar. La presencia de bandas organizadas, el control de economías ilegales y la falta de protección efectiva han creado un clima de desconfianza total.
El asesinato del médico Campos Giraldo ha dejado al descubierto la fragilidad de las medidas de seguridad internas y la penetración del crimen en las estructuras del Inpec. Las investigaciones apuntan a que la orden del crimen pudo venir desde otro centro penitenciario, lo que demuestra la capacidad de coordinación de las organizaciones mafiosas recluidas.
Las autoridades analizan si existen vínculos entre este homicidio y los ataques recientes con granadas en diferentes establecimientos carcelarios del país. “Esto no es un hecho aislado; estamos frente a una ofensiva planeada”, declaró una fuente cercana a la investigación.
El gobierno nacional ha ordenado una revisión completa de los esquemas de seguridad y ha prometido reforzar la presencia de la fuerza pública en las cárceles más críticas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrá el Estado recuperar el control de sus prisiones cuando el miedo parece haberse impuesto como norma?
¿Qué viene ahora para el Inpec?
Mientras la investigación avanza, el Inpec enfrenta uno de los mayores retos de su historia reciente. La confianza institucional se encuentra en entredicho, y los funcionarios exigen medidas de protección urgentes. La violencia contra el personal penitenciario no solo amenaza su seguridad individual, sino que pone en riesgo la gobernabilidad de las cárceles en todo el país.
La disputa mafiosa que sacudió a Villahermosa podría ser apenas la punta del iceberg de un sistema penitenciario infiltrado por estructuras criminales. Cada nuevo episodio de violencia refuerza la sensación de que las cárceles colombianas, más que lugares de reclusión, se han convertido en centros de operación del crimen organizado.
