La Corte Suprema de Justicia decidió llamar a juicio a los expresidentes del Congreso Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes) dentro de la investigación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos deberán responder ante la Sala de Primera Instancia por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, en uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años.
La medida marca un hito dentro del proceso judicial, pues involucra a dos de las figuras más visibles del legislativo en la pasada legislatura. La Corte busca determinar si Name y Calle habrían recibido beneficios indebidos de recursos públicos destinados a atender emergencias y desastres, lo que agrava la percepción de desconfianza ciudadana hacia la clase política.
Los cargos contra los expresidentes del Congreso
El alto tribunal considera que existen pruebas suficientes para vincular a Iván Name y Andrés Calle en la investigación. Según la acusación, ambos habrían incurrido en cohecho impropio, al presuntamente aceptar ventajas indebidas, y en peculado por apropiación, al beneficiarse directamente de recursos que debían destinarse a programas de la UNGRD.
La decisión de la Corte se apoya en testimonios y documentos que apuntan a una posible desviación de fondos. Estos hechos habrían ocurrido durante su paso por la presidencia de Senado y Cámara, lo que amplifica la gravedad del caso al comprometer a quienes, en teoría, debían garantizar la transparencia del Congreso.
El impacto del escándalo en la política colombiana
El caso UNGRD ya se ha convertido en un símbolo de los cuestionamientos a la gestión pública en Colombia. La entidad, encargada de atender situaciones de emergencia nacional, ha sido señalada en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de millonarios recursos.
La vinculación de dos expresidentes del Congreso añade un componente político de alto calibre. Por un lado, compromete la imagen institucional del legislativo, ya golpeado por otros episodios de corrupción. Por otro, genera presión sobre la justicia para enviar un mensaje claro de lucha contra la impunidad.
Sectores de oposición y organizaciones civiles han expresado que este proceso es una prueba clave para medir la independencia judicial frente a las élites políticas. Mientras tanto, los implicados sostienen su inocencia y se preparan para enfrentar un juicio que será seguido de cerca por la opinión pública.
