La Fiscalía General de la Nación confirmó que la Interpol expidió una circular roja contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. La medida convierte a Manrique en un objetivo de búsqueda internacional luego de que fuera declarado prófugo de la justicia tras incumplir una medida de aseguramiento en su contra.
Este paso judicial se enmarca dentro de las investigaciones del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha salpicado a varios exfuncionarios del Estado. El caso ha generado amplio debate público debido a la magnitud de los recursos comprometidos y al nivel de las figuras políticas involucradas.
El trasfondo del caso UNGRD
El escándalo del UNGRD se destapó meses atrás, cuando la Fiscalía reveló presuntas irregularidades en la contratación y administración de recursos destinados a atender emergencias y desastres naturales en el país. Estos fondos, vitales para la atención de comunidades vulnerables, habrían sido desviados a través de sobrecostos, contratos direccionados y maniobras ilegales que comprometen la transparencia de la gestión pública.
Dentro de la investigación, César Manrique aparece señalado por su posible participación en el entramado de corrupción. Pese a que se le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, el exfuncionario incumplió las restricciones judiciales y, según el ente acusador, habría abandonado el país para evadir los procesos en su contra.
La decisión de emitir una circular roja de Interpol responde a la necesidad de ubicarlo en el extranjero y abrir la puerta a un eventual proceso de extradición, en caso de ser localizado en un país con el que Colombia tenga convenios judiciales.
Implicaciones judiciales y políticas
La circular roja contra Manrique no solo tiene repercusiones en lo jurídico, sino también en lo político. Este caso representa un nuevo golpe a la confianza ciudadana en las instituciones, en un momento donde la opinión pública exige resultados claros en la lucha contra la corrupción.
Expertos en derecho penal destacan que la medida internacional fortalece el proceso judicial, pues obliga a las autoridades extranjeras a cooperar en la búsqueda y captura del señalado. Además, envía un mensaje de firmeza por parte de la Fiscalía frente a los funcionarios que intentan eludir la justicia.
Desde el ámbito político, el escándalo ha generado tensiones entre diferentes sectores. Mientras algunos reclaman una depuración profunda en las entidades públicas encargadas de manejar recursos millonarios, otros advierten que casos como el del UNGRD evidencian vacíos estructurales en los mecanismos de control y supervisión del gasto público.
