Una nueva escalada de violencia se registró el jueves 31 de julio en zona rural de Jamundí, al sur del departamento del Valle del Cauca, cuando cerca de 150 soldados del Ejército Nacional fueron retenidos por habitantes de los corregimientos de Ampudia y Villacolombia. Según fuentes de inteligencia y reportes de medios como Noticias RCN, los civiles involucrados habrían sido instrumentalizados por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, estructura que opera en esta región del país.
Los hechos se desencadenaron mientras los militares realizaban patrullajes en el marco de la Operación Escudo del Norte, una ofensiva militar enfocada en contrarrestar el accionar de esa estructura armada ilegal. Sin embargo, en lugar de avanzar en su misión, las tropas se vieron acorraladas por un grupo considerable de personas, algunas con el rostro cubierto, que impidieron su desplazamiento desde las 10:00 a. m.
Videos compartidos en redes sociales muestran la tensión del momento: los uniformados, sin alimentos ni capacidad de maniobra, realizan disparos al aire en un aparente intento por dispersar a la multitud. En otras grabaciones se evidencian civiles heridos que son atendidos por miembros de la comunidad antes de ser llevados a un puesto de salud cercano.
Instrumentalización civil y presiones económicas, los métodos de las disidencias
Las autoridades han reiterado su preocupación por el uso de la población civil como escudo por parte de grupos armados ilegales. En este caso, se presume que integrantes del frente Jaime Martínez habrían ofrecido hasta cinco millones de pesos a los habitantes para que participaran en la asonada contra el Ejército, según lo denunció el brigadier general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.
En declaraciones recogidas por medios nacionales, el oficial detalló que los insurgentes ingresaron a las veredas y viviendas, armados, y obligaron a los habitantes a expulsar a las tropas. Esta estrategia de presión directa no es nueva en el suroccidente colombiano, donde la relación entre comunidades rurales y fuerza pública se ha deteriorado por cuenta de la influencia de estructuras criminales.
La misma situación se repitió días antes, el 26 de julio, en el municipio de Suárez (Cauca). Allí, tropas de la Brigada 29 fueron obligadas a abandonar el corregimiento de La Betulia, también bajo presión de la misma estructura disidente. Según el Ejército, estos sucesos son parte de una reacción desesperada de los grupos ilegales frente a los avances operativos en sus antiguos bastiones.
Preocupación por derechos humanos y respuesta institucional
Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado la liberación de los militares retenidos ni el estado de salud de los civiles involucrados. La Defensoría del Pueblo estaría ya en la zona, mediando para controlar la situación y evitar una escalada mayor del conflicto.
El Ejército Nacional, a través de un comunicado de la Tercera División, rechazó de forma contundente lo ocurrido y señaló que al menos 600 personas habrían participado en la agresión contra la fuerza pública. “Estas acciones vulneran el Derecho Internacional Humanitario y ponen en riesgo tanto a los soldados como a los propios habitantes”, advirtió el comunicado.
Por su parte, organismos defensores de derechos humanos y analistas en conflicto armado insisten en que el uso de la población civil como herramienta de guerra por parte de las disidencias de las Farc constituye una violación grave que debe ser investigada por la Fiscalía y sancionada por la justicia.
