El Consejo de Estado ha admitido una demanda que podría significar la pérdida de investidura de David Racero, representante a la Cámara por Bogotá y figura destacada del Pacto Histórico. El proceso fue promovido por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y se centra en supuestas prácticas de clientelismo político relacionadas con la asignación de cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
La acción judicial, radicada ante la Sección Primera del alto tribunal, sostiene que Racero habría gestionado de forma irregular algunos nombramientos en esa entidad pública, lo cual iría en contra de lo establecido en la Ley 5ª de 1992 y la Ley 144 de 1994, que rigen la conducta parlamentaria en Colombia. En específico, se le acusa de ejercer indebida influencia sobre la administración pública para beneficio político o personal.
Las acusaciones detrás del caso: ¿qué dice la demanda?
Según la demanda aceptada por el Consejo de Estado, David Racero habría influido directamente en la designación de personas en cargos del SENA, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo. Esta supuesta injerencia constituiría una vulneración al régimen de incompatibilidades y un caso claro de tráfico de influencias.
El demandante argumenta que estas conductas podrían encajar dentro de las causales de muerte política, es decir, la pérdida del fuero como congresista por actuar más allá de sus competencias constitucionales. Se menciona también que las designaciones en el SENA presuntamente obedecieron a acuerdos políticos no transparentes, lo que alimenta las sospechas sobre clientelismo.
Además, la demanda sugiere que Racero habría actuado en beneficio de terceros para consolidar cuotas burocráticas, lo que implicaría una violación al principio de mérito en el acceso a cargos públicos. Aunque el representante ha defendido su gestión como transparente, el proceso legal avanza y podría traer consecuencias serias para su carrera política.
Implicaciones políticas para el Pacto Histórico
El impacto de esta admisión trasciende al plano individual. Como uno de los voceros más visibles del Pacto Histórico, David Racero representa una corriente que ha buscado diferenciarse del tradicional manejo político del Estado. Sin embargo, estas acusaciones plantean interrogantes sobre la coherencia entre discurso y práctica al interior del movimiento liderado por el presidente Gustavo Petro.
Diversos analistas consideran que, de confirmarse las irregularidades, esto no solo dañaría la imagen del congresista, sino que podría repercutir en la credibilidad del bloque oficialista. La oposición ya ha comenzado a señalar este proceso como evidencia de prácticas que contradicen la promesa de renovación política del actual gobierno.
En un contexto de desconfianza creciente hacia las instituciones, el caso de Racero pone bajo la lupa el comportamiento ético de quienes ocupan cargos de elección popular y su relación con entidades estatales. Aunque el proceso apenas inicia, la admisión de la demanda por parte del alto tribunal ya marca un precedente significativo.
