En medio de su recuperación tras haber sobrevivido a un atentado armado y encontrase en estado «reservado» , el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, enfrenta una nueva batalla, esta vez en los estrados judiciales. El sindicato Sinsergen, por medio de su presidente Carlos Alberto Sánchez Grass, presentó ante el Consejo de Estado una solicitud formal para que se decrete la pérdida de investidura del congresista, alegando presuntas irregularidades en su conducta política.
La acción judicial fue radicada 12 días después del ataque en su contra y sostiene que el senador habría incurrido en una infracción constitucional al realizar actos de campaña política a la Presidencia, pese a estar en ejercicio activo como legislador. Según el sindicato, esta actuación vulnera el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido para los congresistas en la Constitución Política de Colombia.
“El senador incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1º, por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades”, señaló Sánchez Grass, subrayando que el hecho de haber sido víctima de un atentado no lo exime de su presunta responsabilidad legal.
Proselitismo en Fontibón: eje de la acusación
Uno de los argumentos centrales de la demanda se refiere a la participación de Miguel Uribe en un evento en la localidad de Fontibón, Bogotá, el mismo día en que fue víctima de un ataque sicarial con arma de fuego. Según el sindicato Sinsergen, el senador habría estado haciendo proselitismo político en un periodo en el que dicha actividad le estaría vedada por su condición de legislador.
El documento señala que el acto político habría representado un uso indebido de su investidura como congresista, generando una ventaja “ilícita” en su aspiración a una precandidatura presidencial. “Constituye una afrenta directa contra el orden constitucional y el sistema democrático colombiano”, se lee en la demanda.
Para el sindicato, no se trató de una omisión menor ni de un error administrativo. Por el contrario, califican la conducta como una infracción “sustancial, dolosa y reiterada”, que debe ser sancionada con la máxima medida establecida en estos casos: la pérdida de la curul.
¿Puede el atentado modificar la responsabilidad política del senador?
Más allá del contexto trágico del ataque armado, que casi le cuesta la vida a Uribe Turbay, el sindicato dejó en claro que, a su juicio, el hecho de haber estado en un acto presuntamente ilícito al momento del atentado no puede usarse como atenuante. De hecho, la acción judicial sugiere que la exposición a ese riesgo fue resultado directo de su comportamiento político.
“Mas aún de que por dicho acto ilícito realizado expuso su vida, la cual cobró de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo”, señala el texto legal, insinuando una relación directa entre la presunta conducta inadecuada del senador y el hecho violento.
Además, el documento enfatiza que “el riesgo a su integridad personal derivado del rechazo ciudadano no mitiga su responsabilidad, ni exonera la infracción constitucional”, en alusión al deber de los funcionarios públicos de actuar con diligencia, sin exceder los límites impuestos por la ley, incluso en escenarios complejos.
