La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) reconoció formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999. El crimen, ejecutado por sicarios vinculados al paramilitarismo con la participación de agentes estatales, fue catalogado como un crimen de lesa humanidad.
En el documento entregado a la CIDH, la ANDJE señala que esta decisión se adoptó luego de que las investigaciones judiciales revelaran la implicación directa de funcionarios públicos en el homicidio. Entre los responsables ya condenados figura José Miguel Narváez, exdirector del DAS y calificado como ideólogo al servicio de las AUC.
“Una pérdida para la sociedad en su conjunto”, afirma el Estado
“El Estado lamenta profundamente los hechos que resultaron en el silenciamiento de uno de los más destacados líderes de opinión y periodismo crítico del país”, expresa la declaración oficial. La ANDJE subraya que el asesinato de Garzón constituyó una pérdida no solo para su familia, sino para toda la sociedad colombiana.
Garzón era reconocido por su capacidad para combinar el análisis político con el humor, convirtiéndose en una voz influyente y crítica durante una de las etapas más complejas del conflicto armado en Colombia. Su asesinato impactó profundamente en la libertad de prensa y en la confianza ciudadana en las instituciones estatales.
Reconocimiento de demoras e impacto en los derechos de las víctimas
El documento también reconoce que las demoras en las investigaciones afectaron los derechos fundamentales de los familiares de Garzón, en especial su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. El Estado admite que esas dilaciones generaron afectaciones adicionales a la integridad emocional y al proceso de duelo de los allegados del periodista.
Esta admisión ante la CIDH se enmarca en un contexto de búsqueda de justicia transicional y reparación para las víctimas del conflicto armado interno. El reconocimiento representa un paso formal del Estado colombiano para asumir su rol en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra periodistas.
