La Fiscalía General de la Nación solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La petición está vinculada a su presunta participación en uno de los mayores escándalos de corrupción reciente: el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
González fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, cargos que no aceptó durante la diligencia judicial. El proceso avanza ante el magistrado Leonel Rogeles Moreno, del Tribunal Superior de Bogotá. Hasta el momento, su paradero es desconocido.
Durante la audiencia, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, aseguró que existen “suficientes elementos de juicio” para sustentar la gravedad de los hechos. Según la funcionaria, la solicitud se fundamenta en pruebas sólidas que van más allá de simples conjeturas.
Acuerdos ilegales en el Palacio de Nariño
La Fiscalía argumenta que en septiembre de 2023, González habría negociado con Olmedo López, entonces director de la UNGRD, la entrega de $70.000 millones en contratos públicos a los expresidentes del Congreso: Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes). El supuesto objetivo: obtener respaldo legislativo para las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
Según el testimonio de Olmedo López, reproducido durante la audiencia mediante un audio, los encuentros se realizaron entre el 18 y 21 de septiembre de 2023 en el Palacio de Nariño. En esos espacios informales, aprovechando reuniones previas a los consejos de ministros, se habría cerrado el acuerdo.
“El doctor Carlos Ramón siempre convocaba voz a voz. Allí me da la orden, que era necesario cumplirles. Me dijo $60 mil millones a Name y un poco más de 10 mil millones a Calle en contratos”, relató López en su declaración.
Entregas en efectivo y más involucrados
De acuerdo con la investigación, el desembolso no se limitó a la asignación de contratos. En medio de las urgencias de los legisladores, parte del pago habría sido realizado en efectivo. Entre el 12 y 14 de octubre de 2023, se habrían entregado $3.000 millones a Iván Name y $1.000 millones a Andrés Calle, según detalla el expediente judicial.
La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, también imputada y actualmente detenida, habría servido como enlace entre el Ejecutivo y los congresistas implicados. Su rol ha sido descrito como clave para viabilizar los pagos y coordinar los acuerdos entre las partes involucradas.
La Fiscalía considera que este esquema forma parte de una operación de mayor escala, que involucra el uso indebido de fondos públicos y la instrumentalización de entidades gubernamentales con fines políticos. En ese contexto, Carlos Ramón González figura como pieza central en la articulación del entramado.
¿Un golpe al proyecto político del Gobierno Petro?
Este caso no solo compromete a altos funcionarios, sino que golpea directamente al proyecto de reformas del actual gobierno. De comprobarse los hechos, quedaría en evidencia un intento sistemático de manipular la voluntad del Congreso mediante sobornos financiados con recursos públicos.
El escándalo llega en un momento delicado para el Gobierno Petro, que ha enfrentado obstáculos legislativos y críticas por parte de diversos sectores. Las imputaciones por corrupción añaden presión a una administración que ha prometido un enfoque ético y transformador.
Mientras se define la situación jurídica de Carlos Ramón González, el proceso judicial sigue su curso. La Fiscalía insiste en que los elementos probatorios son suficientes para dictar medida de aseguramiento, y subraya la necesidad de evitar posibles obstrucciones a la justicia.
La audiencia, aún en desarrollo, mantiene expectante a la opinión pública. La ausencia de González y el silencio de los demás implicados podrían ser indicativos de una estrategia defensiva más compleja. ¿Será esta una oportunidad para depurar responsabilidades o solo el inicio de una nueva crisis institucional?
