El Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, fue escenario de una grave crisis humanitaria en las últimas 40 horas. Un grupo armado secuestró a 28 policías y un militar en el corregimiento de El Plateado, un territorio con fuerte presencia de grupos irregulares. La situación desató una intensa negociación liderada por una comisión humanitaria, que finalmente logró la liberación de los uniformados.
El operativo de rescate contó con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP OEA) y el Ministerio del Interior. En la mañana del sábado, los retenidos fueron trasladados desde el sector de La Hacienda hasta una zona segura, donde fueron recibidos por los organismos humanitarios.
Negociaciones tensas y un acuerdo clave
Desde el primer momento, el Gobierno Nacional activó un protocolo de crisis para garantizar la integridad de los secuestrados. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó la liberación a través de sus redes sociales, destacando el esfuerzo coordinado entre distintas instituciones para lograr un desenlace pacífico.
«¡Los 28 policías y el militar secuestrados en zona rural de El Plateado, Cauca, han sido liberados! En un trabajo interinstitucional, entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía y la Defensoría del Pueblo de Cauca, con el acompañamiento de la ONU, la Iglesia Católica y la MAPP OEA, se logró su liberación», expresó Benedetti.
El funcionario también subrayó el papel del presidente Gustavo Petro, asegurando que su voluntad de diálogo y colaboración interinstitucional fue clave en la resolución del conflicto.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que la situación estaba escalando de un secuestro simple a un secuestro extorsivo, advirtiendo que las autoridades no permitirán que se repitan estos hechos. «Aquí, los únicos que pueden hacer retenciones son las autoridades legítimas, acorde a la Constitución y la ley», señaló desde Popayán.
El papel de los organismos humanitarios
La intervención de organismos humanitarios fue determinante para evitar una escalada de violencia en la región. La Defensoría del Pueblo difundió imágenes de los uniformados liberados y envió un mensaje contundente a los grupos armados que operan en la zona: «Exigimos respeto por los derechos humanos de los colombianos».
El papel de la Iglesia Católica también resultó fundamental. Líderes religiosos sirvieron como mediadores en la crisis, generando confianza entre las partes y facilitando la negociación.
La MAPP OEA y la ONU actuaron como garantes del proceso, supervisando las condiciones de liberación y garantizando que los compromisos adquiridos se cumplieran sin represalias.
Cauca: un territorio en disputa
El departamento del Cauca sigue siendo una de las zonas más conflictivas de Colombia, debido a la presencia de grupos armados ilegales, narcotráfico y economías ilícitas. El Cañón del Micay, donde ocurrieron los hechos, es considerado estratégico por su ubicación geográfica y la dificultad de acceso, lo que ha permitido el crecimiento de estructuras criminales.
En los últimos meses, el Gobierno ha intentado avanzar en un proceso de paz total, apostando por el diálogo con distintos actores armados. Sin embargo, eventos como el secuestro de los policías ponen en duda la viabilidad de estas estrategias y plantean interrogantes sobre la capacidad del Estado para recuperar el control territorial.
¿Qué sigue ahora?
Tras la liberación, se espera que las autoridades realicen una investigación para identificar a los responsables y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La Fiscalía General de la Nación podría abrir procesos judiciales contra los captores, mientras que el Gobierno evalúa medidas de seguridad adicionales en la región.
El secuestro de los 28 policías y el militar en el Cañón del Micay pone en evidencia la complejidad del conflicto en el Cauca y la necesidad de soluciones estructurales. ¿Podrá el Gobierno garantizar la seguridad en estos territorios sin una presencia militar reforzada? La incertidumbre persiste.
