Este proyecto de acto legislativo prioriza recursos a las zonas más rezagadas del país, la promoción de la asociatividad territorial, la claridad de la necesidad de hacer una reforma administrativa para reordenar eficientemente competencias entre todos los niveles de gobierno y la inclusión de los 3 años de preescolar dentro de esa destinación de recursos.
Es de resaltar que la opinión general de los representantes es la de apoyar la intención de esta reforma que es la de lograr la descentralización y saldar una deuda histórica con departamentos y municipios, pues en la Constitución de 1991 se entendía que el principio del modelo centralista no permitía desarrollo en las regiones.
Sin embargo, las voces de desacuerdo estuvieron sobre aspectos como; el plazo de 6 meses para la presentación de la ley de competencias, lo cual para muchos es apresurado e irresponsable. Una mejor delimitación entre recursos y competencias para no duplicar funciones pero además para disminuir los riesgos de corrupción, un respaldo fiscal realista, delimitación de la responsabilidad frente a los recursos de educación, y el establecimiento del umbral del aumento de las transferencias.
Precisamente sobre ese porcentaje de aumento, la representante Katerin Juvinao defendió su propuesta de que “debía ser del 37%, porque esa fue la recomendación de la Misión de Descentralización, para garantizar la autonomía regional sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país”, sin embargo esta propuesta fue negada.
Durante la exposición de la ponencia, el representante Carlos Ardila resaltó que “Siempre se dijo que debíamos tener una mayor autonomía en las regiones para de esa manera corregir una desigualdad que existe en los territorios”.
La sesión estuvo acompañada por el ministro del interior Juan Fernando Cristo, y también hicieron presencia los gobernadores de algunos departamentos, entre ellos, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya que como presidente de la Federación Nacional de Departamentos, respaldó la iniciativa y manifestó que a los actuales alcaldes y gobernadores “les ha tocado muy difícil la obtención de recursos que permitan obras de bienestar a las comunidades, este proyecto no nos beneficiará a los que estamos, porque ese aumento en la transferencia de los recursos empezaría en 2027 y se implementaría gradualmente durante los siguientes 12 años, pero es una forma de proyectar una mejor atención a un futuro cercano para las regiones”.
Con el triunfo de esta reforma en su octavo y último debate, solo le queda ahora la etapa de conciliación.
