El Gobierno de Gustavo Petro ha radicado oficialmente su ambiciosa reforma política a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la Secretaría General de la Cámara. Esta reforma no es cualquier propuesta; se trata de un proyecto de acto legislativo que busca introducir cambios significativos en la estructura política del país. Como toda enmienda a la Constitución, deberá superar un arduo proceso de ocho debates en el Congreso, lo que augura un panorama político lleno de tensiones y negociaciones. Sin embargo, lo que más destaca son las profundas implicaciones de los cambios propuestos, que buscan modernizar y moralizar el sistema político colombiano.
¿Qué busca cambiar la reforma política?
El proyecto contempla varios puntos clave que, de ser aprobados, cambiarían la forma en que los partidos políticos y las campañas electorales operan en Colombia. Uno de los pilares fundamentales de la reforma es la obligatoriedad de realizar consultas internas dentro de los partidos para seleccionar a sus candidatos. Esto significa que los partidos estarán obligados a someter a todos los aspirantes a un proceso democrático, cuyos resultados serán vinculantes. De esta manera, se busca reducir el caciquismo político y la selección a dedo de candidatos. Además, quienes participen en la consulta de un partido no podrán inscribirse por otro, cerrando una puerta a la migración política oportunista, un fenómeno común en la política colombiana.
Otro aspecto clave de la reforma es que los partidos políticos deberán asumir responsabilidad por los actos ilícitos cometidos por sus candidatos, tanto electos como no electos. Este punto es especialmente relevante en un país donde los escándalos de corrupción y vínculos con grupos ilegales han manchado la reputación de múltiples figuras políticas. Las sanciones por estas infracciones no son menores; los partidos podrán enfrentarse a multas significativas, la devolución de recursos y, en casos extremos, incluso la pérdida de la personería jurídica. Esto supone un golpe duro para las agrupaciones que históricamente han permitido, de alguna manera, el ingreso de candidatos con cuestionables antecedentes.
Financiación estatal y cambios en la personería jurídica
Otro de los cambios que introduce la reforma es la financiación exclusiva por parte del Estado para las campañas electorales, lo que podría marcar un antes y un después en el manejo de recursos durante las elecciones. Este modelo pretende garantizar una distribución equitativa de los fondos, asegurando que las campañas políticas no dependan de aportes privados que podrían comprometer la imparcialidad de los candidatos. Además, se incluyen criterios importantes como la equidad de género y la participación de jóvenes, lo que refleja el interés del gobierno por fomentar una mayor inclusión en el ámbito político.
En cuanto a la personería jurídica, se establece que solo podrán obtenerla aquellos partidos que logren al menos el 3% de los votos en elecciones de Cámara o Senado. Sin embargo, este no será el único requisito. También deberán demostrar que cuentan con una base de afiliados equivalente al 0,2% del censo electoral nacional. Este requisito, aunque puede parecer menor, busca consolidar a los partidos con respaldo real de la ciudadanía, evitando que pequeñas agrupaciones sin suficiente arraigo puedan acceder a los beneficios que otorga la personería jurídica.
Listas cerradas y bloqueadas a partir de 2027
Uno de los cambios más discutidos, y quizás polémicos, es la implementación de listas cerradas y bloqueadas para las elecciones a partir de 2027. Con este sistema, los votantes no podrán elegir directamente a los candidatos, sino que votarán por la lista completa de un partido. Esta medida ha sido criticada por algunos sectores que argumentan que limita la capacidad de los ciudadanos de seleccionar a sus representantes. No obstante, el gobierno sostiene que este modelo permitirá fortalecer los partidos políticos y evitar la atomización del voto, un problema recurrente en las elecciones legislativas colombianas.
Reforma al Consejo Nacional Electoral
La reforma también incluye cambios importantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano encargado de supervisar los procesos electorales. Según la propuesta, los magistrados del CNE serán seleccionados a través de un concurso público, en lugar de ser elegidos por el Congreso. Esto apunta a despolitizar el organismo y garantizar una mayor independencia. Además, el número de magistrados se reducirá a nueve, quienes tendrán un mandato de seis años. Este cambio busca mejorar la eficiencia del CNE y evitar el favoritismo político que ha sido objeto de críticas en el pasado.
Un punto que generó controversia en las primeras versiones de la reforma era la facultad del CNE para investigar la financiación de campañas. Inicialmente, el texto indicaba que el organismo solo podría colaborar con otras entidades encargadas de investigar estos temas. Sin embargo, debido a las críticas recibidas, el gobierno corrigió este apartado. Ahora, se ha establecido que el CNE podrá tanto investigar como sancionar las infracciones relacionadas con la financiación de campañas electorales, lo que refuerza su rol como garante de la transparencia en los comicios.
¿Qué depara el futuro político para Colombia?
Con esta reforma política, el Gobierno de Gustavo Petro busca transformar de raíz el sistema político colombiano. Sin embargo, queda por verse si el Congreso aprobará estos cambios, que ciertamente generan divisiones entre los partidos tradicionales y los sectores más progresistas. La obligación de los partidos de asumir responsabilidades por los actos de sus candidatos, la financiación estatal de las campañas y la obligatoriedad de listas cerradas, podrían ser las claves para reducir la corrupción y mejorar la confianza ciudadana en las instituciones. Pero, ¿estarán los partidos tradicionales dispuestos a ceder poder en favor de una política más transparente y equitativa?
